Procuraduría General de la Nación formula cargos contra exalcaldesa de Arbeláez.
La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Gisel Karina Garzón Avellaneda, exalcaldesa de Arbeláez, Cundinamarca (2020-2023), por su presunta responsabilidad en sobrecostos relacionados con la remodelación del parque principal del municipio. Según el ente de control, el proyecto, inicialmente presupuestado en aproximadamente $730 millones, experimentó un incremento del 182,24 %, lo que representó un gasto adicional de más de $150 millones, suscitando serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría reportó que la exalcaldesa habría autorizado una modificación al contrato inicial que incluyó nuevos elementos sin el respaldo adecuado de estudios de precios de mercado, que justificaran el incremento en el costo final de la obra. De acuerdo con los hallazgos, la falta de documentación respaldatoria fue uno de los factores que impulsó la decisión de la Procuraduría de abrir un proceso disciplinario contra Garzón Avellaneda y contra su entonces secretaria de Planeación, Elsa Marcela Rojas Escobar.
La Provincial de Instrucción de Fusagasugá, encargada de la investigación, explicó que el comportamiento de ambas funcionarias pudo haber quebrantado los principios de responsabilidad, selección objetiva y economía que son pilares en la administración de recursos públicos. En palabras del ente de control, la falta de sustentos documentales y el aumento desmesurado en el valor de la obra han sido determinantes para calificar la conducta de Garzón Avellaneda como una falta gravísima a título de culpa grave.
Además de Garzón Avellaneda, Elsa Marcela Rojas Escobar, exsecretaria de Planeación, también enfrenta cargos disciplinarios. La Procuraduría la acusa de no cumplir con sus obligaciones en cuanto a la verificación de los costos y la preparación de los estudios de precios previos. La funcionaria habría afirmado en su momento que el presupuesto del proyecto fue producto de un “cuidadoso estudio de precios de mercado”; sin embargo, dicha documentación no fue presentada, lo que, según el Ministerio Público, señala una posible negligencia grave en sus responsabilidades.
El caso ha llamado la atención de la comunidad de Arbeláez y sus alrededores, quienes demandan claridad y transparencia sobre los fondos empleados en la remodelación del parque principal, una obra que debía cumplir con los estándares de economía y eficiencia. El incremento de costos en una proporción del 182,24 % ha generado preocupación, pues se teme que las modificaciones no hayan sido justificadas ni ejecutadas con la transparencia esperada.
La Procuraduría ha calificado las actuaciones de Rojas Escobar como una falta gravísima a título de culpa gravísima, al considerar que sus presuntas omisiones en la verificación del presupuesto vulneraron los principios de responsabilidad fiscal que deben guiar la función pública. Este tipo de calificativos revelan la gravedad que el ente de control otorga a las acciones investigadas.
Ambas exfuncionarias se encuentran ahora en proceso de responder ante la Procuraduría, donde deberán justificar su proceder y presentar las pruebas que respalden las decisiones tomadas durante la ejecución del proyecto de remodelación. De encontrarse responsables, podrían enfrentar sanciones disciplinarias que afecten su ejercicio en la función pública, así como su historial profesional.
