El representante a la Cámara por Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, se encuentra en el centro de una grave controversia legal tras ser acusado por la Corte Suprema de Justicia de los presuntos delitos de cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción. La acusación se deriva de una investigación sobre posibles ofrecimientos hechos por el congresista para influir en decisiones judiciales dentro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Según la Corte, Rico habría intentado influir en fallos del Tribunal a cambio de favores y decisiones favorables, un acto que, de confirmarse, constituiría un claro intento de soborno hacia jueces del departamento. El caso ha desatado una fuerte preocupación tanto en la opinión pública como en los sectores políticos de Cundinamarca, dada la gravedad de las acusaciones y las implicaciones legales para el representante.
La Corte Suprema señaló que los presuntos ofrecimientos realizados por Rico se habrían producido durante su ejercicio como congresista, cuando buscaba obtener ventajas judiciales en varios procesos. Además, se le acusa de actuar en contra de los principios de legalidad y transparencia que deben regir el ejercicio de la función pública.
La defensa de Néstor Leonardo Rico ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que el representante no ha incurrido en ninguna práctica ilícita. Sin embargo, la Corte ha determinado que existen elementos suficientes para continuar con el proceso judicial y se ha iniciado una fase de recolección de pruebas que podría llevar a un juicio formal.
Esta acusación ha generado un fuerte rechazo en el ámbito político, especialmente dentro de la región de Cundinamarca, donde el congresista ha gozado de una considerable base de apoyo. No obstante, su situación también ha avivado el debate sobre la corrupción en las altas esferas del poder y la necesidad de mayor vigilancia en los procesos judiciales que involucran a figuras públicas.
