Luis Angarita y Luz Hernández denuncian a Jorge por abusar sexualmente de su hija de 13 años.
Seis meses han transcurrido desde que una menor de 13 años denunció ser víctima de abuso sexual en Santa Isabel, Tolima, y el presunto agresor Jorge Ocampo Rodríguez permanece en libertad. La familia de Maury Michell Hernández Bogotá exige justicia mientras las autoridades no emiten orden de captura contra el hombre señalado del atroz crimen.
Los hechos se registraron el pasado 6 de marzo cuando la menor salió del colegio San Rafael. Según el testimonio de Luis Hernando Angarita, padrastro de la víctima, la niña fue invitada a tomar una “pony malta” y posteriormente ingresó a una tienda donde habría sido víctima de agresión sexual bajo amenazas contra ella y su familia.
La madre de la menor, Luz Amparo Hernández Bogotá, alertó inmediatamente a las autoridades locales tras conocer lo ocurrido. El caso fue remitido a la Comisaría de Familia, que ordenó el traslado de la menor a un centro de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde actualmente recibe atención psicológica y continúa sus estudios académicos.
Los exámenes médicos realizados por Medicina Legal y los profesionales del Hospital Carlos Torrente Llano confirmaron que efectivamente la menor fue abusada sexualmente. Los resultados determinaron que hubo penetración y que la niña resultó lastimada durante el ataque.
Pese a las evidencias y testimonios recopilados, la Fiscalía aún no ha emitido orden de captura contra Jorge Ocampo Rodríguez. “Nosotros estamos pidiendo de todo corazón que la Fiscalía actúe. Este señor sigue libre en las calles como si nada hubiera pasado”, señaló Angarita.
La situación se agrava por las presiones que habría ejercido el señalado agresor sobre la familia. Según relató la madre de la víctima, el hombre les habría ofrecido entre $5 y $35 millones de pesos para que retiraran la demanda en su contra y el caso quedara en total impunidad.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha brindado acompañamiento constante a la menor durante estos meses, garantizando su protección y atención psicológica especializada. Sin embargo, la familia considera insuficiente el apoyo mientras el presunto agresor permanece libre.