En San Sebastián de Mariquita, Tolima, crece la indignación entre los emprendedores por lo que denominan una clara persecución política disfrazada de operativos legales. Esta vez, la administración municipal volvió a arremeter contra trabajadores que usan tricimóviles como alternativa de movilidad, imponiéndoles comparendos amparados en infracciones que ya fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, como la sentencia C-981 de 2010, que tumba la validez de la infracción A12.
Uno de los recientes casos fue protagonizado por un trabajador informal al que se le impuso una sanción por parte de un agente identificado con el número 005. Según testigos, este procedimiento no solo fue injusto, sino que se ejecutó con una actitud hostil, sin tener en cuenta la legalidad de la norma aplicada ni la condición social del sancionado.
Emprendedores denuncian que si no están alineados políticamente con la administración de turno, son objeto de persecución sistemática. Mientras tanto, el desempleo y las necesidades básicas de las familias mariquiteñas siguen creciendo, y la delincuencia real continúa sin mayor control.
La comunidad exige un alto a este tipo de prácticas arbitrarias que violan el derecho al trabajo y al debido proceso, y pide que se investigue el uso indebido de normas derogadas para sancionar a quienes solo buscan una forma honesta de ganarse la vida.