Las familias aseguran sentirse desprotegidas justo cuando inicia el calendario escolar, temiendo por la seguridad de sus hijas.
La libertad por vencimiento de términos de Luis Gabriel Urrea García, investigado por presuntos delitos sexuales contra varias menores en un jardín infantil de Ibagué, desató miedo entre madres y cuidadores. La decisión judicial, tomada el 15 de enero, permitió su salida inmediata tras superar más de 300 días en detención preventiva sin una definición procesal. El juez aclaró que la medida no implica absolución ni cierre del caso, pues la investigación continúa.
Las familias aseguran sentirse desprotegidas justo cuando inicia el calendario escolar, temiendo por la seguridad de sus hijas. Denuncian que el proceso se dilató por aplazamientos reiterados de audiencias, generando desgaste emocional. “Tenemos miedo por nuestras hijas. Sentimos que nadie nos garantiza su seguridad”, expresó una madre, solicitando reserva de identidad.
Según los testimonios, las niñas habrían enfrentado revictimización durante diligencias judiciales. Las madres relataron presuntas amenazas para forzarlas a guardar silencio. “Ellas nos dijeron que él las amenazaba, que les decía que si hablaban les iba a pasar algo”, afirmó una mujer. Otra señaló que el temor aumentó al conocer la decisión.
También cuestionaron el acompañamiento institucional, afirmando falta de asesoría oportuna y participación limitada. Indicaron que la audiencia se realizó mientras el juez natural y la fiscal titular estaban de vacaciones. Para el 20 de enero se programó nueva audiencia con práctica de pruebas pendientes. Las familias pidieron respaldo de Fiscalía, Defensoría, Alcaldía y Gobernación, solicitando protección integral. Aunque rige la presunción de inocencia, el caso reabre debate sobre demoras judiciales y protección efectiva inmediata.
