Presuntas irregularidades en la firma de dos convenios suscritos con organizaciones indígenas, que contaban con un presupuesto cercano a los 30 mil millones de pesos.
La indagación por las presuntas irregularidades fue iniciada contra funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CRC, por la suscripción de un acuerdo, por un poco más de 4.900 millones de pesos, para adelantar acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios indígenas adscritos el Consejo Regional Indígena del Cauca.
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Por otra parte, se indagan servidores del Ministerio del Interior, por la firma de un contrato por 25 mil millones de pesos con la Organización Nacional Indígena de Colombia, que tenía como objeto fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación.
Al parecer, una de las principales irregularidades detectadas se refiere a la selección de personal para llevar a cabo actividades de los proyectos. Se ha señalado que hubo una elevada inversión en la contratación, lo cual ha despertado sospechas sobre posibles sobreprecios, contrataciones innecesarias y criterios utilizados para la selección.
Además, se han identificado irregularidades en el desarrollo de algunas actividades contempladas en los convenios, al parecer los costos son desproporcionados.
La Procuraduría busca establecer si se cometieron irregularidades que constituyan faltas disciplinarias e identificar a los posibles responsables. Esto permitirá determinar si se utilizaron de manera eficiente los recursos asignados y si se respetaron los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Es necesario esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y tomar las medidas necesarias para prevenir y reparar este tipo de situaciones. No es posible que los recursos destinados a contribuir y fortalecer el bienestar de todas las comunidades en general, presuntamente se los estén robando.
Esto contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones y promover una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos.
