La presunta omisión ha generado un giro en el panorama político por la inquietud profunda en la comunidad de Totoró, Cauca, el exgerente de la Empresa Caucana de Servicios Públicos Emcaservicios S.A., Yedilver Sánchez Rodríguez, se encuentra bajo la mira de la Procuraduría General de la Nación. Se le acusa de presunta omisión en el trámite de consulta previa con comunidades indígenas en relación con la ejecución de obras hidráulicas en la región, específicamente en la construcción de la bocatoma, el desarenador y la línea de conducción para conectar la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio.
Esta situación ha desencadenado críticas y preocupaciones en las personas, debido a que existe el temor de que las obras afecten directamente a las comunidades étnicas asentadas en la zona. La omisión de solicitar el concepto al Ministerio del Interior sobre la necesidad y oportunidad de llevar a cabo una consulta previa ha dejado a los residentes en una posición vulnerable, pues se argumenta que podría haber afectado sus derechos fundamentales y su forma de vida.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca sostiene que la falta de revisión anticipada podría haber transgredido los fines esenciales del Estado, que están destinados a servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios consagrados en la Constitución. En esta fase procesal, la entidad que se encarga de investigar irregularidades, califica la presunta falta de Sánchez Rodríguez como grave a título de culpa gravísima.
La población de Totoró, directamente afectados por esta situación, observará con atención el desarrollo del caso y destaca la necesidad urgente de acciones responsables y transparentes por parte de los funcionarios públicos en proyectos que impacten significativamente en su entorno. Se espera que el proceso legal contribuya a salvaguardar los derechos de la ciudadanía y siente un referente sobre la importancia de la consulta previa en planes de esta magnitud. Asimismo, se resalta la urgencia de esclarecer los hechos para garantizar la transparencia y la participación comunitaria en decisiones que influyen directamente en los habitantes locales.
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