Un nuevo caso de posible corrupción política estremece al Congreso y a la administración local de Popayán. El Representante a la Cámara Jorge Bastidas ha sido denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por, presuntamente, intervenir de manera ilegal en la eliminación de más de $25 millones en multas de tránsito impuestas a su madre y su esposa.
La denuncia, radicada por una firma de abogados penalistas de Bogotá especializada en delitos contra la administración pública, aporta certificados del SIMIT y documentos oficiales que demostrarían cómo las sanciones vigentes fueron borradas en tiempo récord, sin cumplir con los procedimientos legales exigidos.
En el centro del escándalo se encuentra Lizeth Vanessa Plazas Quibano, secretaria de Tránsito de Popayán, quien habría firmado resoluciones administrativas sin justificación jurídica clara, permitiendo la anulación total de las infracciones. La denuncia también sugiere que la funcionaria fue puesta en ese cargo como resultado de un pacto político con el congresista caucano, quien habría respaldado electoralmente al actual alcalde a cambio de cuotas dentro de su gabinete.
Los hechos expuestos implicarían graves delitos, entre ellos tráfico de influencias, cohecho propio, prevaricato por omisión, abuso de autoridad e interés indebido en la contratación. Además, se solicita a la Corte compulsar copias a la fiscalía general y a la Procuraduría Regional para investigar la posible responsabilidad penal y disciplinaria de Plazas Quibano.
La filtración del caso ha desatado una ola de indignación en Popayán y en redes sociales, donde ya circulan imágenes de las multas eliminadas y los nombres de las beneficiarias. La ciudadanía exige explicaciones y rechaza que se utilicen cargos públicos para resolver asuntos personales.
Lo que parecía un simple trámite administrativo podría escalar a uno de los escándalos políticos más graves del año por presunto tráfico de influencias. La denuncia detalla que las multas eliminadas estaban debidamente registradas en el sistema, con fechas, placas y resoluciones ejecutoriadas, lo que agrava el caso. Mientras tanto, aumenta la presión ciudadana y se espera que las autoridades judiciales actúen con prontitud y transparencia. La confianza en las instituciones se ve nuevamente golpeada por prácticas que ponen en entredicho el respeto por la legalidad y el uso del poder público para fines personales.
