El presidente Nayib Bukele asegura que el 40% de la población carcelaria en El Salvador está pagando su deuda con la sociedad a través de trabajos productivos en megacárceles, reduciendo su condena mientras aprenden oficios.
En un nuevo giro en su enfoque de justicia y reinserción social, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostró a través de un video cómo los reclusos en las megacárceles del país están participando activamente en procesos productivos. Según Bukele, un 40% de la población encarcelada está siendo integrada a talleres y proyectos donde realizan tareas como la fabricación de uniformes, muebles, e incluso trabajos en infraestructura como carreteras, hospitales y escuelas.
El mandatario destacó que este programa tiene como objetivo no solo reducir la carga financiera del sistema penitenciario, sino también ofrecer a los presos la oportunidad de reducir sus condenas mientras aprenden oficios que los preparen para su reinserción en la sociedad. La iniciativa comenzó el año pasado y se enmarca en el esfuerzo por enfrentar el alto costo que representa el sistema carcelario, que según cifras oficiales, alcanza los 150 millones de dólares anuales.
“Nos ayudarán a construir infraestructura, fabricar productos y hasta limpiar nuestros recursos naturales. Este es un paso hacia la autosostenibilidad del sistema penitenciario”, expresó Bukele. Además, hizo énfasis en que los beneficiarios de este programa no son personas condenadas por crímenes graves como violadores o asesinos, y que los pandilleros tampoco tienen acceso a estos beneficios.
El programa de rehabilitación, que incluye la capacitación de casi 48,000 presos, también abarca talleres textiles donde se fabrican millones de uniformes para los estudiantes de las escuelas públicas de El Salvador.
El Salvador, con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo
En 2024, El Salvador ostentaba la tasa de encarcelamiento más alta del planeta, con 1,086 prisioneros por cada 100,000 habitantes, según el portal especializado Statista. La situación penitenciaria del país está marcada por el hacinamiento, que según informes de la ONG Amnesty y otros organismos internacionales, supera el 148%, y más de 102,000 personas están privadas de libertad en condiciones críticas.
Este sistema de trabajos forzados, aunque controversial, ha generado debate en el país y en la comunidad internacional sobre los derechos humanos y la efectividad de las políticas de encarcelamiento. A pesar de las críticas, el gobierno de Bukele insiste en que la seguridad y la rehabilitación son prioridades de su administración.
¿Cómo afecta esta iniciativa a la política de migración y seguridad regional?
Recientemente, se dio a conocer que el presidente Bukele y el exmandatario estadounidense Donald Trump estarían negociando un acuerdo para enviar migrantes irregulares a las cárceles de El Salvador, un tema que podría generar aún más controversia tanto en el ámbito local como en el internacional. La posible colaboración también ha sido vista como un reflejo de los intereses comunes en la lucha contra la migración irregular y las organizaciones criminales.
¿Qué opinan los salvadoreños y las organizaciones de derechos humanos sobre este programa?
A pesar de las promesas de reinserción social, algunas organizaciones de derechos humanos critican la falta de garantías para los detenidos, especialmente frente a las condiciones de hacinamiento y el tratamiento de aquellos que no están involucrados en crímenes graves. Sin embargo, el gobierno de Bukele mantiene que este tipo de programas son necesarios para afrontar el complejo panorama de seguridad y rehabilitación en El Salvador.
Con estos cambios, Bukele continúa posicionándose como un líder que desafía las convenciones tradicionales de la política penitenciaria, a la vez que sus políticas provocan tanto apoyo como oposición tanto a nivel nacional como internacional.
