Presos militares que vendían municiones al Clan del Golfo

Tres militares activos del Ejército Nacional fueron judicializados por su presunta participación en el robo sistemático de municiones de batallones
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Tres militares activos del Ejército Nacional fueron judicializados por su presunta participación en el robo sistemático de municiones de batallones, que luego habrían vendido a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los uniformados habrían desviado hasta 40.000 cartuchos mensuales, ocultándolos en baterías de vehículos y buses de transporte interdepartamental para su traslado a departamentos como Cauca y Arauca.

Como contraprestación, recibían pagos mediante consignaciones a cuentas personales y transferencias a billeteras virtuales, obteniendo ganancias de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos anuales, según informó el ente acusador.

Además, los militares habrían accedido de manera indebida a los sistemas misionales del Ejército Nacional, alterando los inventarios de munición para que no se detectaran los faltantes.

Los uniformados capturados fueron identificados como:

  • Sargento viceprimero José Arturo Cavarique Acosta,
  • Sargento segundo Jhorman Francisco Torres Parra,
  • Suboficial José Arturo López Astudillo.

Las detenciones fueron realizadas por el CTI de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, en operativos llevados a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida (Nilo, Cundinamarca), el Hospital Militar de Bogotá y el Comando de Operaciones Logísticas N°2 en Cali, Valle del Cauca.

A los tres militares se les imputaron los delitos de:

  • Concierto para delinquir,
  • Tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas,
  • Peculado por apropiación,
  • Enriquecimiento ilícito de particulares,
  • Lavado de activos,
  • Violación de datos personales, y
  • Acceso abusivo a un sistema informático.

Aunque los implicados no aceptaron los cargos, un juez les impuso medida de aseguramiento en un centro penitenciario.

Las autoridades continúan investigando el alcance de esta red criminal y las posibles conexiones con otros actores ilegales en las regiones afectadas.


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