El gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado nuevamente de utilizar a ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela como piezas de negociación política, una práctica que expertos han denominado «diplomacia de rehenes». Esta estrategia consiste en capturar o retener a personas con doble nacionalidad o pasaportes de otros países bajo cargos cuestionables, para luego ofrecer su liberación a cambio de concesiones diplomáticas, alivio de sanciones o reconocimiento político. Aunque Caracas niega estas acusaciones, varios gobiernos —incluidos Estados Unidos y naciones europeas— han denunciado esta táctica, considerándola una violación flagrante del derecho internacional.
Casos recientes han puesto en evidencia cómo el régimen venezolano convierte a los detenidos en fichas para presionar acuerdos o intercambios bilaterales. Organismos de derechos humanos y diplomáticos advierten que esta práctica no solo vulnera las garantías judiciales de los prisioneros, sino que también erosiona la confianza en los canales tradicionales de diálogo internacional. Mientras tanto, las familias de los detenidos viven en un limbo jurídico y emocional, a la espera de negociaciones que, en muchos casos, se manejan en total hermetismo. La situación plantea un nuevo dilema para la comunidad internacional: cómo responder con firmeza ante gobiernos que convierten la justicia en herramienta de chantaje.
