A casi dos meses de las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela, las opiniones de los líderes internacionales sobre cómo resolver la crisis política en el país siguen estando divididas. No obstante, países como Estados Unidos y Argentina han aprovechado la Asamblea General de la ONU para intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, exigiendo lo que llaman una «transición democrática».
Además, han solicitado el cese de la «represión generalizada» contra la oposición y el fin de «los abusos y violaciones de los derechos humanos», luego de que Maduro fuera declarado vencedor en las elecciones del 28 de julio, un resultado que la oposición califica como fraudulento.
El organismo electoral venezolano proclamó a Maduro ganador con el 52% de los votos para un tercer mandato consecutivo, aunque hasta la fecha no ha presentado los resultados detallados del escrutinio, como lo exige la ley.
La oposición, liderada por María Corina Machado, publicó en un sitio web copias del 80% de las actas electorales, las cuales, según ellos, demuestran que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero vencedor. González Urrutia se exilió en España a principios de septiembre tras pasar más de un mes en la clandestinidad.
La proclamación de Maduro provocó protestas que dejaron al menos 27 muertos, incluidos dos militares, además de casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos, de acuerdo con cifras oficiales.
Un panel de expertos de la ONU declaró que el proceso electoral en Venezuela «no cumplió con los estándares básicos de transparencia e integridad».
