Durante el Consejo de Ministros del 21 de octubre, el presidente Gustavo Petro reveló la existencia de lo que denominó un “nuevo cartel” o “federación de mafias”, una estructura criminal con presencia en Bogotá y Cundinamarca y alcance internacional, que estaría integrada por políticos, empresarios y organizaciones extranjeras. El mandatario pidió públicamente al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que publique el informe oficial con los nombres y hallazgos sobre esta red, señalando que la transparencia es necesaria ante el riesgo que implican sus denuncias.
Petro explicó que este entramado no responde a la estructura jerárquica tradicional de los carteles de la droga o de los antiguos grupos paramilitares, sino que funciona como una “federación de mafias”, flexible y descentralizada. Según él, estas redes se dedican a narcotráfico, lavado de activos, contrabando y trata de personas, y han reemplazado a las estructuras paramilitares que operaban en el país en décadas pasadas.
En su intervención, el presidente aseguró que algunos políticos bogotanos y cundinamarqueses participan activamente en las decisiones de la organización, llegando incluso a “votar por teléfono” sobre sus operaciones. Añadió que dentro de las discusiones internas de esta federación criminal se habría contemplado un presunto atentado contra su vida, y reveló que los implicados habrían adquirido un misil antiaéreo SAM-16 en Venezuela para atacar el avión presidencial, aunque aclaró que el arma “se dañó”.
Petro describió la red como una estructura multinacional, con conexiones en Italia, Francia, España, México, Estados Unidos y varios países árabes, que actualmente concentra sus operaciones en Europa, donde estarían redirigiendo los flujos del narcotráfico global. Afirmó que ya no se trata de exportar cocaína hacia Estados Unidos, sino hacia Europa, combinando el tráfico de drogas con la trata de mujeres, niños y órganos, además de lavado de dinero a gran escala.
En cuanto a nombres específicos, el mandatario mencionó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, presuntamente implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, y quien mantendría vínculos con el empresario esmeraldero Julio Lozano Piraquete, sobrino de un antiguo miembro del cartel de Medellín, Gustavo Lozano. Según Petro, estas organizaciones estarían utilizando conciertos de artistas de Medellín —a través de ventas ficticias de boletería— y iglesias evangélicas con sedes en Paraguay y Colombia para blanquear dinero, incluyendo transferencias realizadas en el contexto del crimen contra Pecci.
El presidente también cuestionó duramente a la Fiscalía General de la Nación, afirmando que el organismo se encuentra “amedrentado” y que su actual dirección ha obstaculizado las investigaciones sobre estas mafias. Indicó que dio instrucciones a la Policía Nacional para iniciar indagaciones, pero que estas deben ser asumidas por la Fiscalía, que según él, no ha actuado con la firmeza necesaria.
Petro concluyó asegurando que la información sobre esta federación criminal no provenía de los organismos tradicionales de inteligencia, como la Dipol, sino que fue él mismo quien tuvo que alertar sobre su existencia. Su denuncia generó reacciones inmediatas en los sectores políticos y judiciales, dada la gravedad de los señalamientos y el alcance internacional del presunto entramado delictivo.
