El presidente Gustavo Petro oficializó este jueves 24 de julio el rompimiento definitivo de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras siete meses de suspensión y luego de una escalada de acciones armadas atribuidas al grupo subversivo en regiones clave como el Catatumbo. La decisión, anunciada a través de un comunicado de prensa, marca el fin de uno de los procesos más simbólicos de la llamada “Paz Total” y deja en evidencia la profunda crisis de confianza entre las partes, después de más de dos años de negociación.
El anuncio solo fue una conclusión obvia, puesto que desde enero de 2025 el Gobierno ya había suspendido el proceso tras una oleada de violencia en el Catatumbo, donde el ELN fue acusado de cometer lo que Petro calificó como “crímenes de guerra”. Los ataques, que incluyeron asesinatos de civiles y excombatientes, fueron el detonante para que la administración diera por terminada la fase exploratoria y condicionara cualquier reanudación a un gesto inequívoco de voluntad de paz por parte de la guerrilla, algo que nunca llegó. En ese contexto, aunque se mantuvieron abiertos canales humanitarios, la mesa política quedó prácticamente en punto muerto durante todo el primer semestre del año.
La ruptura no sorprende a los analistas del conflicto, pero sí genera interrogantes sobre el futuro de la política de paz del Gobierno Petro. El ELN, fundado en 1964, es la guerrilla más antigua de América Latina activa en Colombia y, pese a los esfuerzos de sucesivos gobiernos, ha mantenido una posición ambivalente frente a la negociación, alternando momentos de acercamiento con fases de intensificación armada. En las últimas semanas, la delegación del ELN acusó al Gobierno de incumplir compromisos y de no tener un interlocutor válido, mientras que el Ejecutivo respondió que fue la guerrilla la que rompió el proceso al persistir en la violencia y no mostrar una actitud constructiva.
La salida oficial del ELN de la mesa de diálogo implica también un balance económico y político. Según información revelada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Estado invirtió más de 30.000 millones de pesos en logística y operación de las conversaciones, que incluyeron seis ciclos, tres reuniones y la firma de 28 acuerdos y 14 protocolos, todos hoy archivados. Pese a estos esfuerzos, la mesa no logró avances concretos en temas clave como el cese al fuego bilateral, la participación social en la construcción de la paz o la protección de la población civil en zonas de influencia del grupo armado.
