El presidente Gustavo Petro se pronunció con firmeza ante el fallo absolutorio del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efecto los cargos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. En una declaración pública, el mandatario expresó su desacuerdo con la decisión judicial y advirtió que el fallo “repite la historia de impunidad” en torno a las relaciones entre la política, el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia.
Petro señaló que el Tribunal ignoró pruebas clave y contradijo a la Corte Suprema de Justicia, que había considerado válidas las interceptaciones telefónicas realizadas durante la investigación. Según el presidente, una de esas grabaciones incluía la voz de Uribe hablando de sobornos a testigos, pero ahora fue desestimada bajo el argumento de que se trataba de una conversación “íntima”. Para el jefe de Estado, esa interpretación judicial constituye un nuevo intento de “encubrir la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, en la que —según dijo— varios sectores políticos habrían alcanzado el poder mediante alianzas con estructuras del narcotráfico.
En su intervención, Petro fue más allá del contexto nacional y vinculó el caso con la coyuntura internacional. Afirmó que el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien calificó como aliado de Uribe y de “políticos vinculados al narcotráfico”, estaría promoviendo sanciones en su contra como represalia por las denuncias que ha hecho sobre las conexiones entre el poder político colombiano y el paramilitarismo.
Asimismo, el mandatario denunció que dentro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes existiría un intento por destituirlo del cargo, al que calificó como un posible “golpe de Estado”. Señaló directamente a sectores políticos que, según él, están involucrados en irregularidades financieras relacionadas con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
En medio de este contexto político y judicial, el presidente hizo un llamado a la movilización ciudadana. Convocó a los colombianos a concentrarse el viernes 31 de octubre en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para manifestar su respaldo al gobierno y defender lo que llamó “el poder constituyente del pueblo”. Durante ese evento, anunció, se iniciará la recolección de firmas como parte de un proceso para fortalecer la participación popular y avanzar hacia transformaciones estructurales en el país.
Petro concluyó su pronunciamiento con un mensaje de soberanía y legitimidad democrática:
“Ha llegado la hora de las definiciones, y quien define no es Trump, es el pueblo.”
Con sus declaraciones, el mandatario dejó claro que el fallo a favor de Uribe no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas e históricas, pues —en su visión— representa un capítulo más en la larga lucha por esclarecer las relaciones entre el poder político y las estructuras criminales que han marcado la historia reciente de Colombia.
