El presidente Gustavo Petro anunció este martes, durante el Consejo de Ministros, que ha dado la orden de realizar un examen de informática forense a los chats y dispositivos confiscados a Alexander Díaz Córdoba —alias “Calarcá”—, líder de una disidencia de las FARC, luego de que un reciente reportaje señalara la posible vinculación de altos mandos con grupos armados ilegales.
La investigación apunta a determinar la autenticidad de comunicaciones que implicarían al general Juan Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, y a Wilmar Mejía, director de Inteligencia en la DNI. Ambos funcionarios han negado los señalamientos.
Aunque inicialmente el presidente había descartado las acusaciones considerando que los reportes eran falsos, hoy declaró tener “muchas dudas” frente a las pruebas presentadas por el medio que divulgó los chats, y sostuvo que solo con un aval forense se tomarán decisiones oficiales.
El examen estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que tendrá la responsabilidad de certificar la veracidad de los mensajes. Según Petro, únicamente después de ese dictamen se podrá determinar el curso de acción, ya que su gobierno afirma que “no es amigo del narcoterrorismo, sino su perseguidor”.