Este miércoles, la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0639 de 2025, lo que provocó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro. El decreto convocaba a una consulta popular sobre la reforma laboral, pero sectores opositores presentaron una demanda que llevó a la suspensión.
A través de sus redes sociales, el mandatario minimizó la decisión del Consejo de Estado y afirmó que serán el pueblo y el Congreso quienes tengan la última palabra, al tiempo que cuestionó la competencia del tribunal administrativo para dejar en pausa el decreto.
El ‘decretazo’, como se ha conocido en el debate público, quedó suspendido luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda que cuestiona la legalidad del decreto por no contar con la aprobación previa del Senado, requisito constitucional para convocar consultas populares. La medida cautelar detiene temporalmente cualquier proceso electoral relacionado con la consulta, mientras el tribunal resuelve el fondo del asunto, generando un nuevo foco de tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Lejos de adoptar una postura conciliadora, el presidente Petro criticó duramente a los sectores del Congreso que, según él, buscan bloquear la reforma laboral y poner en riesgo los derechos de los trabajadores. En sus declaraciones públicas, insistió en que el Legislativo tiene la responsabilidad y que, pese a la suspensión, la voluntad popular prevalecerá, desafiando así la autoridad del Consejo de Estado y la institucionalidad colombiana.
La respuesta del presidente Gustavo Petro se dio en una reacción a declaraciones del senador Carlos Fernando Motoa, que celebró la suspensión del ‘decretazo’. De acuerdo con el mandatario, la discusión ya superó lo jurídico y el Consejo de Estado no es idóneo para establecer la constitucionalidad o no de la actuación del Ejecutivo, enfatizando que es la Corte Constitucional la que debe tomar la decisión.
Destacados analistas políticos y expertos en derecho constitucional criticaron esta actitud. La politóloga María Fernanda Suárez afirmó que “la reacción del presidente refleja un menosprecio preocupante hacia las instituciones democráticas y una inclinación autoritaria que podría debilitar la confianza en el Estado de derecho. El Consejo de Estado ejerce su función de control y el Ejecutivo no puede ignorarlo”.
La controversia sigue abierta y la Corte Constitucional deberá decidir sobre la exequibilidad del decreto y la posibilidad de realizar la consulta popular. Mientras tanto, la postura desafiante del presidente Petro ha encendido un debate profundo sobre los límites del poder presidencial y la vigencia del Estado de derecho en Colombia.
Petro también había reaccionado con dureza ante la decisión del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, de no convocar de inmediato la consulta popular y esperar el pronunciamiento de las altas cortes sobre su legalidad.
En su consejo de ministros de este martes, Petro calificó la negativa como un acto de sedición contra su gobierno y amenazó con emprender acciones jurídicas contra el registrador Penagos. El mandatario afirmó que el decreto presidencial goza de presunción de legalidad y es obligatorio su cumplimiento, por lo que consideró que el registrador se extralimitó en sus funciones al no iniciar el proceso electoral, acusándolo de actuar en contra de la voluntad popular expresada en las urnas y de intentar un golpe institucional.
