El reciente fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la intervención del gobierno Petro sobre la EPS Sanitas ha dado paso a un duro debate. Mientras el presidente asegura que la entidad no se deterioró bajo su administración, el grupo Keralty, propietario de la EPS, denunció una “devastación” operativa, financiera y humana tras quince meses de control estatal.
En su pronunciamiento, hecho a través de la red social X (antes Twitter), el mandatario defendió la gestión de su gobierno, afirmando que su administración ha tratado de evitar la liquidación de EPS y que las acciones tomadas buscaban proteger a los afiliados y la red hospitalaria nacional.
Petro, además, cuestionó la responsabilidad de los propietarios privados en las deudas acumuladas por las EPS liquidadas, advirtiendo que los fondos públicos suelen ser insuficientes para cubrir estos pasivos.
Lo que dice Keralty
Por el contrario, Keralty, en un comunicado oficial, sostuvo que la intervención fue parte de una “estrategia premeditada” del Ejecutivo para debilitar el sistema de salud y afectar a millones de pacientes. El grupo denunció que la EPS fue desmantelada y perdió su capacidad operativa y financiera, exigiendo justicia y señalando que la restitución ordenada por la Corte Constitucional no borra el daño causado.
El fallo de la Corte Constitucional, adoptado mediante la Sentencia SU-277 de 2025, determinó que la intervención vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Sanitas y de las empresas del grupo Keralty.
En la sentencia, el alto tribunal constitucional ordenó la restitución inmediata de la administración a sus accionistas, revocando decisiones judiciales previas que habían avalado la medida estatal.
