Durante la inauguración del Multicampus Universitario de La Ladera en Cali, el presidente Gustavo Petro lanzó una de las denuncias políticas más graves de su gobierno: afirmó haber recibido información sobre un supuesto plan internacional, articulado desde sectores de extrema derecha en Estados Unidos y apoyado por algunos alcaldes y dirigentes colombianos, que tendría como objetivo intervenir en las elecciones de 2026 mediante la compra de votos financiada con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según Petro, en una reunión virtual habrían participado decenas de alcaldes y políticos interesados en obtener recursos provenientes de Estados Unidos para operar redes clientelistas. El mandatario aseguró que se habría ofrecido dinero para comprar votos en zonas pobres, utilizando mecanismos que, bajo la fachada de programas sociales, esconderían una maquinaria electoral financiada con deuda pública, sin autorización del Gobierno Nacional. Petro calificó esta maniobra como “un golpe de Estado”, pues violaría la Constitución y las normas del BID.
El Presidente advirtió que estos recursos podrían usarse para prácticas históricas de compra de votos: entrega de tamales, tejas, electrodomésticos, motos o bicicletas, mecanismos antes financiados por estructuras criminales y ahora, según él, impulsados desde el extranjero. Añadió que, si los créditos del BID se usaran para este fin, serían los municipios los que quedarían endeudados por años.
En respuesta, Petro anunció una reunión urgente con el equipo financiero del Estado, incluidos los representantes ante el BID, para exigir aclaraciones y establecer límites legales a cualquier operación de crédito. También ordenó a la Policía priorizar la captura de compradores de votos, especialmente en el Valle del Cauca, y pidió establecer métricas de seguimiento a los resultados de estas acciones.
El mandatario relacionó estas denuncias con lo que considera una campaña internacional para desacreditarlo, mencionando que desde Colombia habría intermediarios buscando apoyo de figuras de extrema derecha en Estados Unidos, como el senador Marco Rubio y el expresidente Donald Trump. Incluso afirmó que esa presión habría influido en su inclusión en la lista OFAC, situación que el gobierno colombiano está intentando revertir por vías legales.
En su intervención, Petro también señaló a alcaldes como Alejandro Eder (Cali) y Federico Gutiérrez (Medellín), y a congresistas opositores que —según él— han buscado respaldo político en Estados Unidos para afectar al Gobierno Nacional. Aunque dijo tener más nombres, afirmó que por ahora prefería no revelarlos.
El presidente destacó que su postura en favor de Palestina ha provocado choques diplomáticos con Estados Unidos, pues calificó como genocidio la muerte de más de 70.000 palestinos por bombardeos israelíes. Explicó que su voz ha tenido repercusión internacional, citando episodios recientes como su rechazo a la militarización ordenada por Trump en el Caribe, que incluso produjo reacciones del gobierno francés y restricciones del Reino Unido en materia de inteligencia compartida.
En el plano interno, Petro reflexionó sobre la importancia de la voz ciudadana y la movilización social para defender la democracia. Señaló que los sectores tradicionales “ya no tienen las mayorías” y que las viejas estrategias de manipulación electoral están perdiendo eficacia. Insistió en que el pueblo colombiano ha adquirido conciencia política y que no permitirá un retroceso hacia la “gobernanza paramilitar”.
Finalmente, Petro afirmó que existe un intento deliberado de crear la percepción de que en Colombia hay “dos gobiernos”: uno legítimo, elegido popularmente, y otro impulsado desde sectores económicos, mediáticos y políticos dentro y fuera del país. Cerró asegurando que cualquier intento de financiamiento electoral externo debe ser investigado, que el BID tendrá que dar explicaciones formales y que la soberanía colombiana no puede ser vulnerada bajo ninguna circunstancia.
