El presidente Gustavo Petro encabezó en Santa Marta el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP), cumpliendo así una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró al Estado responsable de un genocidio político ocurrido entre los años ochenta y noventa.
En un acto simbólico acompañado por la cúpula militar, sobrevivientes y familiares de las víctimas, el mandatario pidió perdón en nombre del Estado colombiano y subrayó el sentido ético y político de ese gesto: reconocer la verdad y asumir responsabilidades para garantizar que hechos como estos no se repitan.
Petro inició su discurso recordando que Colombia necesita esperanza y memoria, y que el pasado no puede ser olvidado porque, de hacerlo, el país corre el riesgo de repetir sus tragedias. Explicó que su presencia junto a las Fuerzas Militares reflejaba el carácter institucional del reconocimiento: no se trataba solo del gobierno, sino del Estado en todas sus dimensiones.
El mandatario precisó que este acto fue ordenado por la justicia internacional y que el perdón público es una obligación jurídica y moral. En nombre del Estado, reconoció las violaciones cometidas: asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, amenazas, hostigamientos y denegación de justicia, entre otras catorce tipologías identificadas por la Corte Interamericana. Recordó que el exterminio de la UP fue perpetrado mediante una alianza entre estructuras paramilitares y agentes estatales, y cuestionó la naturaleza misma del paramilitarismo en Colombia al señalar que actuó como un ejército privado del narcotráfico.
Una de las ideas centrales del acto fue lo que el propio Petro definió como una “paradoja del perdón”: un Presidente-víctima —detenido y torturado en 1985 durante su militancia en el M-19— pidiendo perdón estatal a otras víctimas del Estado. Petro evocó que tenía 24 años durante la toma del Palacio de Justicia, cuando estaba preso, y planteó una pregunta con carga ética y política:
“¿Por qué somos las víctimas quienes tenemos que pedir perdón a los victimarios?”.
Con esta reflexión, buscó destacar la inversión histórica de responsabilidades: a lo largo del conflicto, quienes sufrieron la violencia fueron también quienes debieron justificar su existencia y su reclamo de justicia.
El presidente recordó que la Unión Patriótica fue una apuesta democrática surgida de un acuerdo de paz con las FARC en los años ochenta, cuyo propósito era transformar el país por vías legales. Sin embargo, esa alternativa fue exterminada sistemáticamente: miles de sus militantes, dirigentes y simpatizantes fueron asesinados o desaparecidos. Petro rememoró que cuando llegó al Congreso en 1991 aún existía una bancada de la UP, pero que ninguno de sus integrantes sobrevivió con el paso de los años.
El mandatario subrayó una contradicción histórica profunda: mientras Colombia promulgaba la Constitución de 1991, que debía consolidar la democracia, el país simultáneamente exterminaba un movimiento político legal. “¿Cómo puede haber una constitución democrática y al mismo tiempo el exterminio de todo un partido político?”, se preguntó.
También dedicó un apartado a reflexionar sobre el Palacio de Justicia, aunque sin mezclarlo con el caso de la UP. Mencionó ese episodio como símbolo del ocultamiento de la verdad y la impunidad, denunciando que durante la retoma fueron destruidos archivos con más de 10.000 denuncias de tortura. No obstante, reconoció la responsabilidad del M-19 —el grupo del que hizo parte— en esa tragedia, afirmando que la vía militar fue un error histórico y que la verdadera victoria llegó al aprender a “abrazar y seducir a las mayorías nacionales”, no a vencerlas por la fuerza.
En la parte política de su intervención, Petro alertó sobre las nuevas formas de exclusión que, según él, buscan eliminar a las alternativas populares. Señaló campañas mediáticas y judiciales destinadas a desprestigiar su gobierno y evitar la continuidad de un proyecto progresista en 2026. Denunció una alianza entre sectores tradicionales, grupos económicos y actores internacionales que —a su juicio— pretenden reescribir la historia y bloquear los cambios democráticos.
El momento más solemne llegó cuando pronunció la frase central del acto:
“A nombre del Estado colombiano, le pido perdón a la Unión Patriótica, porque este Estado fue corresponsable del genocidio político”.
El Presidente enfatizó que el perdón debe traducirse en hechos concretos: garantías de no repetición, pedagogía de memoria y políticas públicas que mantengan viva la verdad. Anunció una campaña de memoria “de vereda en vereda, de municipio en municipio”, y cerró con una metáfora simbólica:
“Si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta… seremos jaguares bailando por la dignidad de Colombia”.
La sentencia de la Corte Interamericana obliga al Estado a implementar reparaciones integrales: actos públicos de perdón, medidas de memoria, garantías para la participación política y acciones efectivas de justicia. Petro afirmó que este acto no cierra un capítulo, sino que abre una responsabilidad histórica: convertir el perdón en política de Estado sostenida, con investigación judicial, protección de líderes sociales y educación en derechos humanos.
Finalmente, hizo una alusión directa al paramilitarismo y a las estructuras de las Convivir, señalando que estas fueron la base del exterminio de la UP. Por ello, mencionó que ha pedido al expresidente Álvaro Uribe Vélez rendir cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no por venganza, sino por reconciliación y verdad, con el propósito de protegerlo a él, a su familia y a la sociedad.
