Proceso judicial
Un juez de control de garantías envió a la cárcel al presidente de una Junta de Acción Comunal en Antioquia, señalado por la Fiscalía de estar detrás de las recientes asonadas registradas en diferentes municipios del departamento. De acuerdo con las investigaciones, el líder comunitario habría instigado a la población a bloquear vías y confrontar a la fuerza pública con el fin de obstaculizar operativos contra estructuras criminales de la región.
El ente acusador explicó que el hombre, identificado como alias “El Profe”, sostenía vínculos con disidencias de las Farc y con bandas locales dedicadas al narcotráfico. Según los testimonios y pruebas técnicas recopiladas, este dirigente habría aprovechado su liderazgo para manipular a los habitantes y así garantizar la movilidad de cargamentos ilegales.
La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, obstrucción a la función pública, perturbación del transporte y amenazas a servidor público. El juez consideró que existía riesgo de obstrucción a la justicia y de reincidencia, por lo que ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Impacto comunitario
La captura del presidente de la Junta de Acción Comunal ha generado fuertes reacciones entre la comunidad. Mientras algunos pobladores defendieron al dirigente, asegurando que su liderazgo era clave para tramitar necesidades básicas, otros señalaron que desde hace meses existían sospechas sobre sus nexos con grupos ilegales.
Autoridades militares y de policía indicaron que las asonadas en Antioquia buscaban frenar operaciones contra corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico. En varias ocasiones, la población civil habría sido instrumentalizada para enfrentar a los uniformados y bloquear los ingresos a zonas de influencia criminal.
Con esta decisión judicial, las autoridades enviaron un mensaje claro sobre la responsabilidad de quienes, desde posiciones de liderazgo social, incurran en conductas que afecten la seguridad ciudadana y promuevan la violencia. La Fiscalía resaltó que continuará investigando posibles redes de apoyo comunitario a las organizaciones armadas ilegales, con el propósito de desarticular de manera integral los factores que sostienen su permanencia en el territorio.
Este caso se suma a otras investigaciones que avanzan en el departamento contra dirigentes locales presuntamente involucrados en actividades ilícitas, lo que pone sobre la mesa la necesidad de blindar las figuras de representación comunitaria para que no terminen al servicio de intereses criminales.
