Las recientes declaraciones del alto comisionado de paz, Otty Patiño, han generado una fuerte reacción en torno a la posibilidad de cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta situación podría acarrear sanciones de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Colombia, ya que se estaría incumpliendo un compromiso de investigar a fondo el conflicto armado interno. El magistrado Vidal advirtió que esta postura del Estado colombiano podría tener repercusiones muy negativas, incluyendo el reactivamiento de mecanismos como el examen preliminar de la CPI.
Durante una rueda de prensa, el magistrado enfatizó que cerrar anticipadamente la JEP, que lleva ocho años en funcionamiento, podría perjudicar su labor fundamental en la investigación y sanción de los crímenes del conflicto. “La JEP juega un rol crucial en la estabilización, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, y la reconciliación en el marco del Acuerdo Final de Paz”, señaló.
Vidal también subrayó que cualquier intento de cerrar la JEP prematuramente o limitar sus recursos podría ser visto por la CPI como un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia en relación con los crímenes internacionales. Gracias al trabajo de la JEP, la CPI decidió levantar el examen preliminar sobre el país en cuanto a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Por otro lado, el magistrado hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro sobre el incumplimiento en el presupuesto destinado a los aspectos restaurativos del Acuerdo Final de Paz. Recientemente, se conoció que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz fue reasignado, lo que afecta la implementación de sanciones para quienes han comparecido ante la JEP. Esto podría resultar en un escenario donde se emitan sentencias sin los recursos necesarios para hacerlas efectivas. Se menciona que parte de los 450 mil millones de pesos originalmente asignados ha sido redirigido, a pesar de su importancia para restaurar el daño a las víctimas y sus comunidades.
