Eduardo Zambrano afronta pesquisas disciplinarias por cuestionado contrato municipal.
La apertura de una investigación disciplinaria contra Jhaison Eduardo Zambrano Paz, presidente del Concejo Municipal de Santa Isabel, generó un remezón en el pequeño escenario político del norte tolimense. La Procuraduría General de la Nación busca establecer si la contratación para elaborar el manual de funciones de la Secretaría General fue adelantada sin observar los procedimientos exigidos. El caso tomó fuerza porque el acuerdo habría sido tramitado bajo la figura de contratación directa, modalidad que exige rigurosas verificaciones previas para evitar favoritismos, omisiones o eventuales vulneraciones normativas que comprometan la transparencia institucional.
El ente de control también vinculó a la exsecretaria general Luz Ángela Chica Torres, señalada de haber ejercido la supervisión del contrato. Según la Procuraduría, existen dudas sobre la idoneidad del proceso, especialmente por la ausencia de documentos esenciales que acrediten autorizaciones, validaciones técnicas y publicaciones obligatorias en la plataforma del SECOP. Estas fallas, de confirmarse, podrían configurar faltas disciplinarias relacionadas con negligencia administrativa y eventuales vulneraciones al principio de responsabilidad, lo cual abriría la puerta a sanciones que afectarían la continuidad de quienes participaron en el trámite contractual.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó una serie de pruebas para determinar si los hechos denunciados corresponden a fallas puntuales o si existirían patrones que comprometan la gestión del Concejo de Santa Isabel. Entre las diligencias se incluyen requerimientos documentales, declaraciones juradas y verificaciones cruzadas dentro del historial contractual. El proceso pretende establecer si hubo omisiones deliberadas, desconocimiento normativo o actuaciones inadecuadas en la elaboración del manual de funciones, un documento clave para garantizar la correcta operación administrativa del órgano legislativo local.
El caso ha despertado inquietud entre ciudadanos y líderes comunitarios, quienes reclaman mayor vigilancia institucional frente al uso de recursos públicos. Aunque Zambrano Paz no ha emitido un pronunciamiento amplio, sectores políticos consideran que deberá explicar detalladamente el alcance de sus decisiones y la forma en que se ejecutó el contrato. La investigación podría convertirse en un precedente para revisar prácticas internas dentro del Concejo, especialmente en materia de control, supervisión y verificación de procedimientos. Mientras avanza la indagación, la expectativa crece sobre eventuales repercusiones que definan responsabilidades y posibles sanciones administrativas.
