Una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro es eliminar por completo el uso del glifosato, por eso se plantea tumbar el decreto 380 de 2021, firmado por el expresidente Iván Duque, y en el cual se retomaba la aspersión aérea con el mencionado químico para erradicar cultivos ilícitos.
En dicha norma se establecían las áreas en las cuales no se podía aplicar el herbicida, como zonas del Sistema Parques Nacionales, Parques Naturales Regionales, los Parques Naturales Regionales, los centros poblados y ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares.
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Según el decreto, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS), realizarían un seguimiento continuo a los efectos del uso del glifosato sobre el medio ambiente y la salud, con el fin de entregar informes al Consejo Nacional de Estupefacientes para que este evalúe los resultados y tomé decisiones en torno a los mismos.
Pero el decreto que plantea el Gobierno de Gustavo Petro busca tumbar el anterior, valiéndose de solamente un artículo.
“Que la posición actual del Gobierno Nacional frente a la aspersión aérea ha cambiado y se decidió no hacer uso del herbicida glifosato en método de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos, razón por la cual, los asuntos regulados por el Decreto 380 de 2021 pierden su objeto, y, por tanto, debe procederse a su derogatoria”, señala el documento.
El gobierno de Iván Duque hizo esfuerzos para conservar la aspersión aérea con glifosato, incluso, a pocas semanas para la posesión de Petro, compró 263.000 litros del herbicida por un valor de $ 12.500. millones, a pesar de que, durante su campaña, el entonces presidente electo había dicho que no lo usaría.
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La política de drogas de Gustavo Petro busca estar enfocada en la erradicación manual, según lo ha manifestado el mismo presidente y su ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
El uso del glifosato había sido detenido por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2015. Sin embargo, Duque lo intentó retomar durante su gobierno. El obstáculo era la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, que exigía una consulta previa a las comunidades afectadas antes de efectuar las fumigaciones.