La Alcaldía alertó sobre una posible medida del gobierno ecuatoriano que implicaría el retorno forzado de ciudadanos venezolanos privados de la libertad.
Una nueva preocupación se enciende en la frontera entre Colombia y Ecuador, específicamente en el municipio de Ipiales, Nariño, ante la posibilidad de una deportación masiva de ciudadanos venezolanos que actualmente permanecen en centros penitenciarios en territorio ecuatoriano. Esta situación prende las alarmas entre autoridades locales, organizaciones humanitarias y expertos en movilidad humana.
El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, fue quien advirtió públicamente sobre este posible procedimiento por parte del gobierno del Ecuador, señalando que los ciudadanos podrían ser deportados directamente en el Puente Internacional de Rumichaca, sin un protocolo binacional claro ni coordinación previa con las autoridades colombianas.
Impacto
“Esto representa un desafío humanitario y logístico para el municipio”, expresó Pantoja, quien pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia un pronunciamiento oficial, así como la activación de un plan de contingencia inmediato. El objetivo, dijo, es evitar una crisis migratoria desbordada y garantizar condiciones mínimas de atención y protección para los migrantes retornados.
Aunque por ahora no hay un pronunciamiento oficial del gobierno ecuatoriano, versiones preliminares apuntan a que la medida buscaría descongestionar el sistema carcelario en medio de la grave crisis de seguridad y hacinamiento que atraviesan las prisiones del vecino país.
Presión
La posibilidad de una deportación masiva ha generado temor entre los habitantes de la frontera, quienes advierten sobre una posible sobrecarga en los servicios sociales, de salud y seguridad en Ipiales, una ciudad históricamente receptora de población migrante en tránsito o en búsqueda de refugio.
De concretarse esta medida, podría agudizarse la situación humanitaria en la frontera, donde ya existen tensiones derivadas de la falta de coordinación entre países, los recursos limitados de los entes locales y la fragilidad institucional para atender retornos forzados masivos.
Derechos
Organizaciones defensoras de derechos humanos han recordado que cualquier procedimiento de deportación debe respetar las normas del derecho internacional, incluyendo el principio de no devolución y las garantías de protección para personas en situación de vulnerabilidad.
Mientras tanto, las autoridades en Nariño se mantienen en alerta, a la espera de confirmación oficial y en busca de estrategias de articulación institucional que les permitan responder con responsabilidad y humanidad a un eventual escenario de retorno masivo.
