La fuga del menor de 17 años que se había entregado a las autoridades por su presunta participación en el atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay ha generado una ola de cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de justicia juvenil en Colombia. El adolescente, que permanecía bajo custodia en un centro especializado de Bogotá, escapó durante una supuesta visita familiar, lo que encendió las alarmas sobre los protocolos de vigilancia, seguridad interna y manejo de casos de alto perfil.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que el joven había accedido a colaborar con la justicia, incluso entregando información clave sobre los autores intelectuales del ataque, lo que aumenta el desconcierto ante su repentina evasión. Mientras la Policía adelanta operativos para su recaptura, la Procuraduría anunció una investigación disciplinaria por posible negligencia. El hecho revive el debate sobre la fragilidad del sistema penal para menores y su capacidad para responder ante casos de crimen organizado.
