Grupos armados ilegales estarían atrayendo a menores con regalos y dinero en instituciones educativas de la zona rural del municipio.
El pasado sábado 29 de marzo, en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), ubicado a 40 minutos de Cali, se encendió una alerta por la presunta presencia de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc. Según las denuncias, estos grupos estarían tratando de reclutar a menores de edad para sus filas.
El personero de la población, William Andrés Espinosa, advirtió que los insurgentes se están infiltrando en las comunidades educativas de la zona rural, donde ofrecen incentivos como dinero y regalos para atraer a los estudiantes. «Se los llevan sabiendo que hay reclutados y también menores reclutadores. Se encargan de hacer la labor logística y educativa de ofrecer dádivas, dinero, regalos para incentivar y enamorar», declaró el funcionario en Noticias Caracol.
Ante el aumento de la violencia en el municipio, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas para que la Fuerza Pública intervenga y proteja a los civiles. De acuerdo con información del portal Chica Noticias, las estructuras criminales Adán Izquierdo y Yair Bermúdez serían las responsables de estas intimidaciones en Palmira.
Por esta razón, la Policía Nacional y el Ejército han incrementado su presencia en las instituciones educativas con el objetivo de prevenir el reclutamiento de menores y capturar a los responsables. «Estamos llegando a estos entornos educativos y llevando toda la socialización necesaria para minimizar el riesgo de los grupos armados», afirmó el mayor Jonathan Hernández, comandante municipal de Policía.
Líderes sociales, en la mira de los violentos
La violencia en Colombia sigue cobrando la vida de líderes sociales. Este año, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 45 defensores de derechos humanos y representantes comunitarios han sido asesinados.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Palmira, donde Alcides Castellanos, reconocido líder social y campesino, fue asesinado en su finca. Según Indepaz, Castellanos fue atacado en el corregimiento de Tenjo por hombres armados que irrumpieron en su propiedad y le dispararon. Su trabajo en defensa de los derechos de las familias campesinas lo había convertido en un blanco de los grupos ilegales que operan en la región.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010/24 para advertir sobre los riesgos que enfrentan las comunidades locales debido a la acción de grupos armados ilegales. Estos actores imponen normas y formas de control social que afectan gravemente a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Palmira y otras zonas del Valle del Cauca enfrentan un desafío complejo debido a la presencia de disidencias de las Farc y otras bandas criminales que buscan el control territorial. Esta situación ha generado un clima de inseguridad permanente para la población civil, afectando especialmente a quienes luchan por los derechos de sus comunidades.
El asesinato de Castellanos se suma a una preocupante estadística: 45 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va del año. Según Indepaz, estas víctimas incluyen líderes indígenas, comunales, políticos, culturales, sindicales y campesinos. Esta cifra refleja el alto nivel de riesgo que enfrentan quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades en un contexto marcado por la violencia y la falta de garantías de seguridad.
