En los próximos días, Ecuador presuntamente podría ejecutar la expulsión de un número significativo de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, situación que ha encendido las alarmas en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio fronterizo de Ipiales.
El alcalde de la ciudad, Juan Carlos García, manifestó su preocupación por el posible impacto que esta medida tendría sobre la economía local, los servicios públicos y la seguridad en la zona. Según explicó, la llegada masiva de migrantes podría agravar las condiciones de vulnerabilidad, generar tensiones sociales y desencadenar una crisis humanitaria en la frontera.
“Necesitamos que el Gobierno nacional y la Cancillería actúen de inmediato para establecer protocolos claros que garanticen el orden, la seguridad y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de estas personas”, afirmó el mandatario.
Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ecuatorianas sobre la magnitud de la medida, el anuncio ha generado inquietud entre comerciantes, líderes comunitarios y organizaciones sociales que trabajan con población migrante.
La incertidumbre crece en Ipiales y otras poblaciones cercanas a la frontera, mientras se espera una respuesta oficial que permita preparar la logística y la atención humanitaria en caso de que la expulsión se materialice.
