El Gobierno emitió un borrador de decreto que contempla un aumento significativo en el precio del diésel para ciertos vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, elevando el costo de aproximadamente $10.500 a cerca de $15.000 por galón, alineando así el precio doméstico con el internacional. Esta medida afectaría a vehículos de alta gama en 69 municipios del país, incluyendo zonas como Antioquia, Atlántico, Bolívar y Bogotá, y excluye a los servicios esenciales de transporte de carga y pasajeros, cuyas tarifas continuarán regulándose bajo las actuales resoluciones ministeriales.
El aumento, de acuerdo con la motivación del proyecto normativo, busca mejorar la focalización de los subsidios al combustible y reducir el costo fiscal asociado al consumo dentro de este segmento automotor, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que proyecta un ahorro fiscal cercano a los $386 millones para 2024 gracias a esta implementación. El parque automotor colombiano cuenta con cerca de 1,06 millones de vehículos que utilizan diésel, una minoría respecto al total de casi 19,8 millones de unidades registradas.
La subida de precios plantea un escenario de posibles tensiones sociales, teniendo en cuenta que en meses recientes diversas regiones del país han sido escenario de protestas masivas y bloqueos de carreteras en rechazo a la subida en el precio del combustible diésel decretada por el Gobierno. Transportadores de carga y pasajeros, así como gremios campesinos, han manifestado su preocupación por el impacto que este incremento tiene en los costos de operación y en la cadena de valor, que repercute en el aumento de precios de alimentos y transporte, lo cual podría exacerbar la pobreza y el costo de vida.
Protestas como las registradas en septiembre del año pasado generaron congestiones en vías principales y varias capitales del país, con caravanas de vehículos y bloqueos intermitentes en la entrada a Bogotá y otras ciudades importantes, afectando la movilidad y la economía local. Las negociaciones entre el gobierno y los gremios transportadores no lograron acuerdos definitivos, lo que derivó en la confirmación del aumento para varios tramos hasta 2025, con la intención gubernamental de cerrar un déficit financiero que supera los 240 millones de dólares anuales, causado por subsidios que mantenían el precio interno del diésel artificialmente bajo respecto al mercado internacional.
