Martha García Angulo, integrante del Consejo Territorial de Planeación (CTP), mediante una carta abierta a la ciudadanía, dejó en evidencia una serie de irregularidades que ponen en tela de juicio la viabilidad y conveniencia de un Plan de Ordenamiento Territorial tramitado a última hora. Entre dichas irregularidades estaría la contratación de unos estudios de gestión de riesgo que ya habían sido contratados durante la anterior administración.
De acuerdo a lo explicado por la Administración Municipal, este estudio se contrató por pedido de Corpoboyacá, sin embargo, García Angulo hizo la tarea de consultar a la Corporación por la supuesta solicitud de estos estudios que ya se habían hecho durante la administración de Pablo Cepeda.
“La Corporación no solicitó estudios adicionales a los que indica la norma, ahora bien, en cuanto a la forma de contratación de los estudios básicos de gestión del riesgo por parte del municipio, no es competencia de la autoridad ambiental realizar seguimiento o verificación al respecto, por tal razón no podemos manifestarnos en este sentido, a quien corresponde es a la administración municipal exponer las justificaciones del número de contratos y de los rubros destinados a los estudios básicos de gestión del riesgo”, explicó Corpoboyacá en su respuesta al derecho de petición interpuesto por la integrante del CTP en mención.
Sin embargo, en su carta, Martha García Angulo deja ver que no es esta la única inconsistencia, ni siquiera la más la gravosa para los intereses de la ciudad, pues más preocupante resulta el hecho de que a esta altura del año y del trámite que se pretende hacer, el CTP tenga tan poco conocimiento del documento del que tiene que emitir un concepto.
Por su parte, el alcalde Alejandro Fúneme habría indicado que el documento del POT solo tenía seis observaciones, todas de forma, cuando lo que evidenció la Resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible demuestra que son 19 observaciones, todas de suma importancia para la sostenibilidad ambiental de la capital boyacense.
Agrega la representante gremial que “hasta la fecha, no se ha radicado oficialmente ningún documento a la secretaría del CTP y a su vez carecemos de información sustancial para iniciar el estudio que nos permita emitir el concepto fiable y responsable y continuar el trámite ante el concejo de la ciudad para su lectura, revisión, análisis, discusión y aprobación, previo a la realización del cabildo abierto de obligatorio cumplimiento”.
