La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció hoy el inicio de una investigación disciplinaria que involucra al canciller Álvaro Leyva y al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, en relación con la controvertida suspensión del proceso de licitación de pasaportes en Colombia. Esta medida se produce tras la declaración de desierto del proceso de licitación pública No. LP-001-2023 por parte de la Cancillería.
El Ministro de Relaciones Exteriores deberá responder ante la @PGN_COL las razones que lo llevaron a declarar desierto el proceso de licitación pública para la expedición de pasaports, al parecer, vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal. https://t.co/AggpL8vrDS pic.twitter.com/pbj5Zl7Wm2
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 20, 2023
De esta manera, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la PGN inició esta investigación. Esto en respuesta a alegaciones de presuntas irregularidades en la decisión de cancelar el proceso de licitación de pasaportes. Según la PGN, esta medida podría haber violado principios fundamentales de la contratación estatal. Es así que podría resultar en infracciones disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados.
En un comunicado emitido por el Ministerio Público, se destacó que «posiblemente Leyva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad». Esto sugiere que la investigación se centrará en la presunta falta de transparencia en el proceso y la responsabilidad en la toma de decisiones.
Antecedentes sobre la licitación de pasaportes
La suspensión de la licitación pública No. LP-001-2023 se llevó a cabo mediante la resolución número 7485 del 13 de septiembre pasado. Esta licitación tenía como objetivo la prestación de servicios relacionados con la expedición de pasaportes y visas colombianas.
En el mismo contexto, la cancelación del proceso se produjo después de que la única empresa participante, Thomas Greg & Sons. En su experiencia en este campo, se extendió por 17 años y presentó un recurso de reposición que fue rechazado por la Cancillería.
No obstante, el principal problema radica en que el contrato actual para la expedición de pasaportes vence el próximo 2 de octubre. Tal situación ha generado preocupaciones sobre la continuidad del servicio. Para abordar este tema, el 14 de septiembre, la Cancillería declaró el estado de urgencia manifiesta por 12 meses. La medida fue contemplada en las normas de contratación estatal para casos de fuerza mayor.
Como respuesta a esta emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado el martes 19 de septiembre. En éste, anunció que abrirá una nueva licitación para la expedición de pasaportes en el país. Ante esto, la Cancillería se compromete a llevar a cabo este proceso con total transparencia y pluralidad, cumpliendo con las políticas gubernamentales en materia contractual.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cumpliendo la política de transparencia y pluralidad del Gobierno nacional en materia contractual informa:https://t.co/QrSdzeWR9i pic.twitter.com/fkIR1WeUzj
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 19, 2023
El comunicado señala que «por haber sido declarada desierta la licitación pública, se procederá de inmediato a la apertura de un nuevo proceso licitatorio«. En este nuevo proceso, el Fondo Rotatorio del Ministerio buscará contratar directamente y de inmediato los servicios necesarios para la expedición de pasaportes y etiquetas de visas, sin la fórmula de reajuste de precios.
La cartera diplomática asegura que el contrato se celebrará en forma directa y dentro del marco legal de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución Ministerial no 7541 del pasado 14 de septiembre, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en Colombia. La investigación disciplinaria en curso arrojará luz sobre las circunstancias que llevaron a la suspensión de la licitación y cualquier posible falta disciplinaria por parte de los funcionarios responsables.
