Procuraduría investiga millonario contrato de cámaras LPR
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por establecer de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por presuntas irregularidades en el contrato SCJ-1904-2023. El convenio, firmado en 2023 por un valor de $14.339 millones, tiene como objeto la instalación de cámaras LPR (lectura de placas), clave para el monitoreo vehicular en la ciudad.
A la fecha, el proyecto solo registra la instalación de 50 de las 200 cámaras contratadas, lo que representa apenas el 25 % del componente principal. A esto se suma que, mientras el avance físico alcanza un 68,5 %, la ejecución presupuestal está en el 50 %, lo que ha generado inquietudes sobre la eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Prórrogas, fallas técnicas y cambios sin sustento
Entre las principales razones que motivaron la actuación disciplinaria están una planeación deficiente, múltiples fallas técnicas no previstas, y la suscripción de tres prórrogas y tres suspensiones sin el debido soporte presupuestal. Además, se han registrado controversias contractuales por más de $2.000 millones de pesos.
Otro aspecto que encendió las alarmas es la sustitución de la interventoría externa por una supervisión interna de la misma secretaría, decisión tomada sin justificación técnica adecuada, lo que podría haber afectado el control y seguimiento del contrato.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas para establecer si los hechos configuran faltas disciplinarias y determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios implicados.
Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con el control preventivo y el seguimiento disciplinario para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.
