Bogotá, 21 de diciembre de 2024 – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está evaluando la posibilidad de citar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su sucesor Juan Manuel Santos en el marco de la investigación que adelanta contra el general retirado Mario Montoya, acusado de ser responsable de los llamados «falsos positivos» durante el conflicto armado en Colombia.
El proceso judicial, que se centra en los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército colombiano entre 2002 y 2008, ha avanzado en las últimas semanas, y según fuentes cercanas a la JEP, tanto Uribe como Santos podrían ser llamados a declarar como parte de una estrategia para esclarecer las responsabilidades políticas y militares en los hechos.
El general Montoya, quien fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008, es señalado de haber tenido conocimiento de las operaciones ilegales que resultaron en la muerte de civiles, quienes fueron presentados como combatientes muertos en combate para inflar las cifras de éxito en la lucha contra las guerrillas. Los «falsos positivos» son uno de los episodios más oscuros de la guerra en Colombia, con miles de víctimas, y la JEP busca determinar las responsabilidades más allá de los mandos medios y altos en las fuerzas armadas.
¿Por qué Uribe y Santos?
Aunque los expresidentes no están directamente involucrados en las acusaciones contra Montoya, su cercanía con el periodo en el que se habrían cometido estos crímenes es un factor que ha generado especulaciones sobre su posible implicación. Durante el gobierno de Uribe (2002-2010), el Ejército recibió una fuerte presión por parte del Ejecutivo para mostrar resultados contundentes en la lucha contra las guerrillas, lo que, según diversas investigaciones, habría fomentado la práctica de las ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, Santos, quien fue Ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe y luego presidente entre 2010 y 2018, también enfrenta cuestionamientos debido a las políticas implementadas en esa época y a su rol en la continuidad de ciertas prácticas dentro del Ejército. La JEP está centrada en determinar si existió un patrón de impunidad o encubrimiento por parte de los altos mandos políticos y militares, lo que incluiría a los expresidentes.
El contexto del proceso
El proceso contra el general Montoya se enmarca dentro de la justicia transicional establecida por el acuerdo de paz con las FARC, en el que la JEP tiene la facultad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. La corte ha enfatizado la importancia de esclarecer la cadena de mando y de identificar a quienes estuvieron detrás de la toma de decisiones que propiciaron las ejecuciones extrajudiciales.
En este contexto, la posible citación de Uribe y Santos representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de los «falsos positivos», así como en la identificación de las responsabilidades políticas en un sistema que permitió la impunidad de estos crímenes. La JEP aún no ha confirmado oficialmente si los expresidentes serán llamados a declarar, pero el tema sigue siendo objeto de debate en los círculos políticos y jurídicos del país.
Reacciones políticas
Desde que se conoció la posibilidad de que la JEP citara a Uribe y Santos, las reacciones no se han hecho esperar. Voceros del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, han rechazado la idea de que los expresidentes sean involucrados en este proceso, argumentando que no hay pruebas que los vinculen con los falsos positivos. Por su parte, sectores cercanos a Santos han expresado su disposición a colaborar con la justicia, aunque también han manifestado que las citaciones deben basarse en pruebas claras y no en especulaciones.
La decisión de la JEP de continuar con la investigación contra Montoya y otros altos oficiales del Ejército colombiano es vista como una oportunidad para avanzar en la justicia transicional en Colombia, pero también ha abierto un nuevo frente de discusión sobre la responsabilidad política en los crímenes cometidos durante la guerra.
Las próximas semanas serán clave para conocer cómo avanzan las investigaciones y si finalmente los expresidentes serán citados para rendir cuentas sobre su rol en el periodo más oscuro del conflicto armado colombiano.
