La Controlaría General de la República dio a conocer la alerta sobre un posible racionamiento de luz (energía) que podría afectar a más de 10 millones de personas en Nariño, la Costa Caribe, Chocó y Vichada, debido a un retraso en el pago de subsidios a las empresas de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía.
En Colombia se prendieron las alarmas luego de que la Contraloría advirtiera sobre un posible racionamiento de energía para 10 millones de colombianos, entre quienes estarían los habitantes del departamento de Nariño.
Riesgos en continuidad
La Contraloría extendió el pronunciamiento del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, sobre los riesgos en la continuidad de la prestación del servicio público de energía.
De acuerdo a la Contraloría hay en riesgo de hacinamiento 10 millones de colombianos y el argumento principal que esboza el órgano de control fiscal del Estado es que el Ministerio de Minas y Energía no está girando los recursos que ya están asignados por parte del Ministerio de Hacienda para pagarles a las empresas prestadoras del servicio el subsidio para distintas zonas del país, los departamentos de la costa caribe, los municipios del departamento de Nariño, Chocó y Puerto Carreño en el departamento de Vichada.
Medidas urgentes
En el comunicado de tres cuartillas de la Controlaría se menciona que se exhorta tanto al Ministerio de Minas como al Ministerio de Hacienda y a Superintendentes involucradas, a tomar medidas urgentes e inmediatas, para evitar que se presente un riesgo de racionamiento en 10 millones de colombianos que viven en las zonas del país anteriormente mencionadas.
Pronunciamiento
“Con fundamento en la información a la que ha tenido acceso la Contraloría General de la República en virtud de sus facultades de vigilancia fiscal, y en las noticias difundidas por distintos medios de comunicación a ese respecto, se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito público. Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)” expresa el comunicado de la Contraloría.
“Este órgano de control debe precisar que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad” acotó la Contraloría.
