El contrato de arrendamiento del matadero municipal de Popayán, ubicado en la CRA. 1 # 14a-29, ha generado dudas jurídicas, ya que no solo se cede la infraestructura, sino también la operación del servicio público de beneficio animal.
Según el jurista JUAN SALAMANCA, esto constituye una delegación de funciones públicas, figura que exige requisitos legales como estudios previos y licitación. Afirmó que camuflar esta delegación como arrendamiento vulnera principios de legalidad y transparencia.
