Luego de meses de investigación, seguimiento e interceptaciones, la Fiscalía especializada de la Unidad de Administración Pública, capturó e imputó a un exfuncionario de la Registraduría del Estado Civil en el Meta.
Implicado
Se trata de Hernán Alonso Ballesteros Buendía, quien fue delegado de la Registraduría en el municipio de Puerto López, y quien al parecer, recibió dineros de parte de un candidato para favorecer su elección durante los pasados comicios del año 2019.
Buendía, se encontraba cumpliendo funciones en el municipio de Canaletes, en el departamento de Córdoba, cuando fue trasladado a territorio metense para estar vigilante y a cargo de las elecciones a alcalde durante el período constitucional 2020 – 2023.
Investigación
De acuerdo a las pruebas y hechos recogidos por los investigadores de la Unidad, al parecer, el funcionario habría sostenido algunas reuniones privadas en las que supuestamente accedió a favorecer a un candidato en específico al primer cargo de ese municipio.
Dice la investigación, que Buendía recibió sobornos por parte de una de estas personas, para garantizar el triunfo del candidato en las elecciones realizadas el 27 de octubre del pasado 2019.
Delito
Al parecer, el exfuncionario recibió cuatro pagos entre los dos a los 15 millones de pesos antes, durante y después del proceso electoral. Supuestamente estos pagos fueron realizados en efectivo en un hotel de la municipalidad de Puerto López.
Luego de presentado todo el material probatorio, un juez emitió la orden de captura contra Buendía, el cual fue presentado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual le imputó el delito de cohecho propio, el cual no fue aceptado por el sindicado.
Buendía, deberá comparecer ante un juez de la Nación, que será el encargado de definir su situación judicial, y de hallarlo responsable de este delito, podría condenarlo a pagar entre cinco a ocho años de prisión y una multa superior a los 100 salarios mínimos.
Inhabilidad
Además, Buendía se enfrenta a una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un período cercano a los ochos años.
De igual forma, la comunidad del municipio expresó su sorpresa ante la noticia y la gravedad de los hechos cometidos, pidieron una sanción ejemplar para el exfuncionario para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir.
Finalmente, la Unidad de Administración Pública indicó, que se encuentran investigando otras personas relacionadas con otros delitos electoras en el territorio del Meta.
