Se trata del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien se refugió en la sede diplomática tras recibir asilo del gobierno nicaragüense una vez que fue condenado a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales.
El exmandatario alegó ser un perseguido político y denunció un supuesto plan desde el gobierno de Panamá para asesinarlo y evitar así su vuelta al poder tras las elecciones del próximo 5 de mayo.
Pese a que encuestas lo perfilaban como probable ganador, el Tribunal Electoral de Panamá ya anunció que la sentencia “está en proceso de quedar ejecutoriada” y que en ese momento su candidatura presidencial será oficialmente inhabilitada.
El actual mandatario del país, Laurentino Cortizo, negó rotundamente la acusación de Martinelli.
La Cancillería nicaragüense anunció su decisión de otorgar asilo a Martinelli el pasado 7 de febrero y solicitó a Panamá un salvoconducto para que el expresidente pudiera viajar a Managua a refugiarse.
Sin embargo, el gobierno panameño rechazó su petición dos días después al considerar que la situación jurídica de Martinelli tras ser condenado en firme impide que pueda acogerse a un asilo de este tipo.
El ejecutivo de Cortizo advirtió de «consecuencias diplomáticas» si Martinelli —quien criticó abiertamente al gobierno de su país en entrevistas concedidas desde su refugio— utiliza la embajada nicaragüense para realizar acciones o declaraciones que impacten en la política doméstica panameña, ya que serían consideradas «una injerencia en los asuntos internos» del país.
Nicaragua respondió entonces que el asilo político «debe ser respetado como un derecho humanitario», por lo que Panamá debe asumir las convenciones internacionales sobre esta figura y permitir la salida de Martinelli.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Managua se ofrece a recibir y proteger a extranjeros que tienen cuentas pendientes con la justicia.
Dos de los ejemplos más recientes y conocidos son los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, acusados de corrupción en su país y que se establecieron en Nicaragua desde hace años.
Pero ¿por qué el país centroamericano se convirtió en un refugio para políticos prófugos de la justicia y qué hay detrás de esta política del gobierno de Ortega?
Tradición histórica
El de Martinelli es solo el caso más reciente de una larga tradición por parte de Nicaragua de ofrecer refugio a extranjeros perseguidos por la justicia de sus países.
Durante el gobierno de Anastasio Somoza fueron miles los nicaragüenses opositores que se vieron obligados al exilio.Pero tras el triunfo de la Revolución sandinista en 1979, el país se transformó en todo lo contrario y comenzó a acoger a dirigentes políticos de otras nacionalidades.
«Por razones de solidaridad y simpatía ideológica, Nicaragua se convierte entonces en algo como la segunda Cuba de América Latina”, compara el historiador nicaragüense Mateo Jarquín.
«El gobierno sandinista recibió a muchísimas personas de movimientos de izquierda que no podían regresar a sus países, y pasa a ser como un santuario para la izquierda latinoamericana”, le dice a BBC Mundo el académico, quien en abril publicará un libro sobre esta época de la historia nicaragüense.
