La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro que firmaron el decreto 639 de 2025, mediante el cual se convocó una consulta popular nacional sobre la reforma laboral, a pesar de que el Senado había rechazado previamente esta convocatoria. Esta decisión se tomó tras una queja presentada por varios ciudadanos, entre ellos el concejal de Bogotá Daniel Felipe Briceño, la exdirectora del ICBF Cristina Plazas y Alberto Boek, quienes argumentan que el decreto vulnera el principio de legalidad, desnaturaliza los límites constitucionales de la participación política y afecta la separación de poderes.
Desde finales de mayo y principios de junio, la Procuraduría interviene en dos procesos judiciales que se adelantan en el Consejo de Estado contra el acto de votación del Senado del 14 de mayo, que rechazó la solicitud de consulta popular presentada por el Gobierno. Además, el organismo anunció que actuará en todos los procesos judiciales que puedan surgir relacionados con el decreto, ante las autoridades competentes.
La indagación preliminar, que será tramitada por la Sala Disciplinaria de Instrucción debido al fuero disciplinario que protege a los ministros, busca determinar si estos funcionarios incurrieron en alguna irregularidad o abuso de funciones al firmar el decreto que contradice una decisión clara del Congreso. Para ello, la Procuraduría ha solicitado informes detallados a las carteras ministeriales, incluyendo documentos, estudios y análisis que sirvieron de base para la expedición del decreto, así como certificados que acrediten quiénes eran los titulares en cada ministerio al momento de la firma.
Entre los ministros investigados se encuentran figuras clave como Armando Benedetti (Interior), Rosa Yolanda Villavicencio (Relaciones Exteriores encargada), Germán Ávila (Hacienda), Pedro Sánchez (Defensa), y otros 15 titulares de carteras. Cabe destacar que algunos ministros no firmaron el decreto, como la canciller Laura Sarabia y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quienes no están incluidos en la indagación.
La Procuraduría enfatizó que su actuación busca garantizar el respeto a la Constitución y al principio de independencia de los poderes, promoviendo una colaboración armónica entre las instituciones. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que acaten y respeten los pronunciamientos judiciales que se emitan en relación con el decreto 639.
Este proceso disciplinario se suma a otras acciones legales en curso, incluyendo una denuncia penal presentada ante la Corte Suprema de Justicia que investiga si la firma del decreto constituye un delito de prevaricato por acción, al desconocer la decisión del Senado y usurpar funciones legislativas. El debate pone en el centro la legalidad y los límites de la participación política en Colombia, así como el respeto a la institucionalidad democrática.