La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida en Venezuela el viernes 9 de febrero, junto a su hija, el padre de su hija, dos hermanos y una expareja.
Cuatro días después, el martes 13 de febrero, la oficina de la ONU publicó este tuit:
“#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.
Aunque el Alto Comisionado había solicitado información en otras ocasiones sobre detenidos en Venezuela, esta era la primera vez que usaba el término “desaparición forzada” en sus cuentas de redes sociales para referirse a un caso específico. Esta referencia enfureció al gobierno de Nicolás Maduro, al que le importa más evitar que se le asocie con violaciones de derechos humanos a que se dude de su legitimidad, al igual que otros gobiernos occidentales.
Al día siguiente, el miércoles 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, convocó una rueda de prensa en Caracas para informar sobre lo que vio durante una visita de dos semanas a cinco estados de Venezuela.
Dijo que el programa de distribución de alimentos del gobierno venezolano, conocido como bolsas o cajas CLAP, era gestionado por algunas autoridades como una “limosna caritativa” que «socava la dignidad humana de los receptores” y “se ha vuelto susceptible de clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela».
Fakhri aseguró que los presos en las cárceles le preocupaban “seriamente”, sobre todo los que permanecen en estaciones policiales. «Las autoridades no proporcionan a los detenidos ni comida ni agua ni baño ni asistencia sanitaria. Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura».
En sólo 48 horas, la ONU había criticado dos temas sagrados para el gobierno del presidente Maduro: las denuncias sobre desapariciones forzadas y el programa de distribución de alimentos, eje de sus políticas de asistencia social.
