Por la niñez y la adolescencia En Colombia, la dramática realidad del reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales sigue siendo una preocupación alarmante. Este año, se han registrado 159 casos de niños y adolescentes captados para actividades bélicas, lo que, aunque representa una ligera disminución respecto al año anterior, sigue siendo inaceptablemente alto. El departamento del Cauca destaca como el epicentro de esta crisis, con un porcentaje alarmante de menores indígenas afectados.
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Para enfrentar esta situación, el Congreso colombiano está considerando un proyecto de ley crucial, denominado ‘Por la niñez y la adolescencia libre’. Este proyecto propone un endurecimiento significativo de las penas para quienes recluten menores. El representante Julián López, quien promueve la iniciativa, ha explicado que la legislación actual impone penas de entre 13 y 23 años para estos delitos, pero con la nueva propuesta se busca incrementar las condenas a entre 40 y 50 años, además de cometer el delito imprescriptible.
Deber protegerlos
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El respaldo de 122 congresistas a esta propuesta subraya la gravedad del problema y el consenso sobre la necesidad de medidas más severas. El propósito es enviar un mensaje claro a los grupos armados: la explotación de menores para fines bélicos no será tolerada y enfrentará consecuencias severas. En paralelo, el Senado de la República ha abordado esta problemática en un reciente debate de control político. La senadora Lorena Ríos ha enfatizado la necesidad de fortalecer la política pública de prevención y crear un sistema de información unificado para garantizar la protección de las víctimas. Por otro lado, el senador Carlos Fernando Motoa ha criticado la política de Paz Total del gobierno actual, argumentando que ha fracasado en la protección de los menores frente al reclutamiento.
El llamado de la Defensoría del Pueblo es igualmente urgente. Según su informe, el 51% de los reclutamientos afectan a menores indígenas, con el Cauca liderando los casos reportados. La Defensoría ha instado a todos los grupos armados ilegales a cesar estas prácticas y ha solicitado al Estado que refuerce las medidas de prevención y protección. Este escenario pone de manifiesto la necesidad de una respuesta integral que combine legislación más rigurosa, políticas públicas efectivas y un firme compromiso de las autoridades para salvaguardar los derechos de los más vulnerables.
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