La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió a 22 personas al Tribunal para la Paz para que reciban Sanciones Propias tras reconocer su responsabilidad en al menos 318 asesinatos presentados como bajas en combate entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare.
Entre los procesados se encuentran el mayor general retirado Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la Brigada XVI del Ejército, y el exdirector seccional del DAS, Orlando Rivas Tovar, además de once oficiales, seis suboficiales, un soldado y dos civiles.
La investigación de la JEP estableció que dentro de la Brigada XVI se consolidó una estructura criminal que operó de manera sistemática para asesinar a civiles inocentes, a quienes se presentaba falsamente como guerrilleros muertos en combate. Estas prácticas fueron ejecutadas principalmente por el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez y el Gaula Casanare.
Las 612 víctimas acreditadas incluyen mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y miembros de comunidades vulnerables como desmovilizados, consumidores de drogas, trabajadoras sexuales y personas de la comunidad LGBTIQ+, a quienes se estigmatizó como “indeseables”.
La JEP reveló que este patrón criminal se sostenía con presiones institucionales para aumentar las cifras de bajas en combate. Los militares que cumplían con esas metas recibían incentivos como permisos, condecoraciones, cursos en el exterior, vacaciones, comidas especiales y traslados a batallones prestigiosos. Además, se desvió dinero público que debía destinarse a la lucha contra el secuestro y la extorsión para financiar estas operaciones ilegales.
Se identificaron tres modalidades principales de ejecución:
- Asesinatos de personas previamente capturadas en operaciones legales.
- Ejecución de víctimas señaladas por labores de inteligencia.
- Engaños mediante reclutadores e informantes falsos, que trasladaban a las víctimas desde zonas urbanas hasta áreas apartadas, donde eran ejecutadas. Esta última fue la más común.
En una audiencia realizada en Yopal, los 22 procesados reconocieron públicamente su responsabilidad y se comprometieron con proyectos restaurativos como la creación de un “Parque Memoria y Paz”, una “Universidad de la Memoria y la Justicia”, un “Homenaje al Campesino” y un plan para la búsqueda de personas desaparecidas.
Las Sanciones Propias impuestas por la JEP no implican cárcel ordinaria, pero sí restricciones de derechos y libertades, además de la obligación de realizar trabajos restaurativos y de reparación colectiva en beneficio de las víctimas y comunidades afectadas.
