Políticos se hicieron a una millonada a punta de corrupción

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Los exmandatarios Óscar Rodríguez, Javier Zapata y Camilo Puentes, tenían propiedades millonarias en el Meta.

La Fiscalía les impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión sobre 87 bienes a los exgobernadores de Guainía, Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliecer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón, tenían propiedades en Chía, Villavicencio y Guainía.

Corrupción

Los exfuncionarios están vinculados formalmente a procesos penales por su presunta participación en una situación de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la contratación.

Aparentemente, las obras estarían relacionadas con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión.

Cabe recordar que Rodríguez Sánchez ejerció el cargo de gobernador entre 2012 y 2016; mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016 – 2019. 

Los exmandatarios fueron capturados e imputados por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.

Embargo

Debido a todo el caso que se lleva en su contra se evidenció que los tres implicados con el dinero que incautaron producto de su presunto mal actuar compraron múltiples propiedades en diferentes partes del país.

Por tal motivo los bienes fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI en Chía, Cajicá, Inírida y en una zona exclusiva de Villavicencio.

Se trata de 72 predios rurales, siete urbanos, cuatro vehículos, tres sociedades y un establecimiento de comercio evaluados preliminarmente en cerca de 22 mil millones de pesos. La extensión de dominio la realizaron uniformados del Ejército Nacional y personal judicial de la Fiscalía.

Testaferros

De igual manera la Fiscalía estableció que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas a los exfuncionarios. Entre tanto los bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

 


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