‘Samael’ Castellanos lidera críticas contra iniciativa artística municipal.
La controversia por la Política Pública de Cultura en Ibagué desató un enfrentamiento entre concejales, artistas y colectivos comunitarios, generando protestas, reclamos y fuertes debates ciudadanos. El proyecto, que busca establecer lineamientos para el desarrollo cultural del municipio durante los próximos años, ha sido cuestionado por diferentes sectores que consideran que su construcción no reflejó la participación real de los procesos artísticos barriales y rurales. Durante las sesiones del Concejo, barras de ciudadanos manifestaron inconformidad, portando pancartas y realizando intervenciones públicas donde exigieron mayor apertura institucional y revisión detallada del documento presentado ante la corporación.
El concejal Andrés Camilo Acevedo aseguró que, tras una jornada de discusión, fue víctima de hostigamientos verbales por parte de algunos asistentes. Según su relato, varias personas lo siguieron cuando abandonaba el Palacio Municipal, lanzando expresiones ofensivas relacionadas con su respaldo al Proyecto de Acuerdo 02 de 2026.
Frente a estas declaraciones, el gestor cultural ‘Samael’ Castellanos cuestionó la versión del concejal y afirmó que el problema principal radica en la posible aprobación de una política pública que, según diversos colectivos, no representa los intereses de la mayoría del sector artístico. Castellanos aseguró que durante años los Consejos Municipales de Cultura recopilaron diagnósticos y propuestas comunitarias que, presuntamente, no fueron incorporadas al texto actual. Para los artistas, la iniciativa institucional favorecería expresiones consideradas elitistas, relegando manifestaciones como teatro, danza, circo y procesos formativos desarrollados en barrios populares y veredas.
El también gestor cultural Juan Camilo Giraldo sostuvo que existe un consenso entre organizaciones artísticas que rechazan el contenido del documento. Giraldo afirmó que las denuncias de persecución responden a una estrategia de victimización política y advirtió que la falta de confianza entre comunidad cultural e institucionalidad ha profundizado el conflicto. Mientras tanto, la administración municipal y algunos concejales defienden la necesidad de aprobar la normativa para garantizar la planeación cultural a largo plazo. El debate continúa generando movilizaciones ciudadanas, intervenciones en sesiones públicas y pronunciamientos de colectivos que piden revisar nuevamente el proyecto antes de su aprobación definitiva, argumentando que el futuro artístico local depende de decisiones concertadas. La controversia mantiene divididos a los sectores culturales y políticos de la ciudad, mientras observadores esperan que prevalezca el diálogo y acuerdos participativos reales para evitar mayores fracturas sociales futuras dentro del municipio tolimense actual.
