En un caso que revela un nivel de penetración inaceptable de elementos ilícitos y propaganda ideológica al interior de la institución policial, la Fiscalía General de la Nación (FGN) imputó y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento carcelaria contra tres patrulleros de la Policía Nacional de Colombia y un civil, por transportar estupefacientes, armas y panfletos alusivos al grupo armado E L N, hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.
Detalles del operativo
Según la investigación, unidades de vigilancia de la Policía Metropolitana observaron un vehículo oficial estacionado en vía pública que llamó la atención por su presencia prolongada. Al acercarse, los agentes identificaron que en su interior se encontraban los patrulleros identificados como Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussán y Luis Carlos Bermúdez Rojas, quienes no vestían el uniforme de la institución.
En la requisa al automotor oficial se encontraron:
- Sustancias estupefacientes no especificadas aún en el informe público.
- Panfletos con propaganda del E L N.
- Dos placas vehiculares falsificadas.
- Un arma de dotación policial, inhabilitada para disparo, y dos armas de dotación más con logos institucionales.
- Dos computadores portátiles.
- En paralelo, fue detenido el civil Jaime Alberto Salazar Jiménez, que vestía uniforme policial sin pertenecer a la institución, conducía una motocicleta reportada como hurtada, la cual escoltaba el vehículo interceptado.
Imputaciones y contexto jurídico
La Fiscalía imputó a los cuatro implicados los delitos de: receptación; peculado por uso; falsedad marcaria; utilización ilegal de uniformes e insignias; destinación ilícita de muebles e inmuebles; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos, y el juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras el proceso avanza.
Repercusiones institucionales
Este caso no solo pone al descubierto conductas delictivas en el seno de la Policía Nacional, sino que también abre interrogantes sobre la infiltración de grupos armados al margen de la ley como el E L N en zonas urbanas de Bogotá. Analistas han señalado que la presencia de propaganda guerrillera en un vehículo oficial y vinculada a agentes policiales representa un “cruce de líneas rojas” en materia de seguridad, institucionalidad y control del Estado.
Las autoridades de control interno de la Policía Nacional ya anunciaron que abrirán las investigaciones disciplinarias pertinentes, además del proceso judicial, lo cual podría desembocar en destituciones, sanciones administrativas y ejemplares. Por su parte, la Fiscalía indicó que este tipo de operativos son resultado de labores de inteligencia que se están reforzando precisamente para detectar estas modalidades de corrupción e infiltración.
Marco más amplio y consideraciones
- Este episodio se da en un contexto de creciente preocupación por la presencia de grupos ilegales que operan tanto en zonas rurales como urbanas y buscan infiltrar instituciones del Estado para asegurar protección, logística o legitimidad.
- La localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, ha sido foco de tráfico de estupefacientes, microtráfico y presencia de bandas que operan en entornos urbanos, lo que agrava la vulnerabilidad institucional y de control estatal.
- La captura de los policías y el civil, con panfletos del E L N, también coincide con alertas recientes de inteligencia sobre propaganda y reclutamiento de este grupo armado en zonas urbanas, fuera de sus tradicionales áreas rurales.
Qué sigue
El proceso seguirá con la etapa de juicio oral y definición de responsabilidades penales, disciplinarias y administrativas. También se espera que este caso impulse reformas de control y supervisión de la Policía Nacional en ciudades como Bogotá, especialmente en lo relativo al uso de vehículos oficiales, patrullajes en uniformes y cadenas de custodia de armas. Además, plantea la necesidad de revisar los esquemas de inteligencia para detectar vínculos entre miembros de la fuerza pública y organizaciones ilegales.
