Policías que secuestraron a comerciante de San Andresito para robarle $ 753 millones fueron destituidos e inhabilitados por 20 años

Dos patrulleros de la Policía Nacional fueron destituidos e inhabilitados por 20 años tras confirmarse su responsabilidad en la retención ilegal y el robo de 753 millones de pesos a un comerciante en San Andresito, Bogotá. La Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción definitiva, castigando la grave falta disciplinaria y enviando un mensaje contundente contra la corrupción policial.
Secuestro de comerciante a mano de policías - Imagen @FiscaliaCol
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En una decisión definitiva, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución y la inhabilidad por 20 años para ejercer funciones públicas a dos patrulleros de la Policía Nacional, identificados como Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, involucrados en la retención ilegal y el robo de aproximadamente 753 millones de pesos a un comerciante de San Andresito, Bogotá. Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2021, cuando estos funcionarios, asignados al Grupo de Protección de la Rama Judicial, abandonaron sin justificación su lugar de servicio para llevar a cabo el ilícito.

La investigación disciplinaria y más tarde judicial establecieron que los policías actuaron en concierto con un oficial superior, diseñando un plan premeditado mediante el cual privaron de la libertad al ciudadano y lo despojaron de una cuantiosa suma de dinero. Para dificultar su identificación, los implicados alteraron la placa de la motocicleta con la que se movilizaban y usaron chaquetas oficiales pertenecientes a un servidor retirado de la institución, evidenciando dolo en su conducta. La Procuraduría calificó la falta disciplinaria como gravísima, confirmando la sanción sin posibilidad de recurso.

Este caso salió a la luz pública en 2021 tras la denuncia interpuesta por el comerciante, que denunció haber sido víctima de secuestro y hurto a manos de uniformados en los alrededores de San Andresito. El proceso judicial culminó con la condena de los implicados, quienes enfrentaron además medidas penales por secuestro simple agravado y hurto calificado agravado, con penas privativas de la libertad establecidas posteriormente en 2024.

La sanción disciplinaria aplicada a los patrulleros responde al compromiso institucional con la transparencia y el control ético de la fuerza pública, enviando un mensaje claro de tolerancia cero frente a la corrupción y el abuso de autoridad. La Procuraduría subraya que la integridad estatal y la confianza ciudadana deben ser preservadas rigurosamente, por lo que ninguna infracción que vulnere estos principios quedará sin castigo ejemplar.


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