En el municipio de Tumaco cuatro hombres fueron enviados a la cárcel por parte de un juez penal con control de garantías, al parecer por haber estado implicados en un caso en el cual secuestraron a su víctima y además le solicitaron una cantidad de dinero para dejarla en libertad. Entre los detenidos presuntamente se hallaba un intendente identificado como Rubén Darío Montero Mendoza y los patrulleros Carlos Mauricio Peñaranda Quintero, Jhon Estiben Aragón Cabezas y Juan David Escobar Chiles quienes al parecer habrían cometido el delito de secuestro agravado.
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Según lo dicho por las autoridades la denuncia la realizó la víctima quien alegó que, en la Fiscalía General de la Nación, el 7 de enero del presente año, fue abordada por cuatro agentes de la Estación de Policía de Tumaco, quienes le informaron que estaba siendo detenido ya que sobre él pesaban varios requerimientos judiciales por parte de la Seccional Judicial, Sijón de la Policía de Nariño, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula y la Organización Internacional de Policía Criminal.
Los sujetos tras aparentemente haber realizado el arresto, trasladaron a la víctima hacia una vivienda ubicada en el sector de Puerto Hondo, donde le exigieron el pago de $100 millones de pesos con el objetivo de dejarlo en libertad, por lo cual se presume mediante vía telefónica se comunicaron con la esposa de la víctima a quien a su vez le exigieron el depósito de la suma millonaria.
La mujer presuntamente habría llegado a un acuerdo con los implicados acerca del pago, el cual habría constatado en 20 millones de pesos, $10 millones en el momento de dejar en libertad al hombre y los otros 10 millones de pesos al mes siguiente.
Cumpliendo con el acuerdo, la mujer llegó al sitio donde los policiales tenían retenido al hombre y pagó la cuota, sin embargo, posteriormente se dirigieron ante un fiscal especializado e interpusieron la denuncia que permitió establecer que efectivamente desde uno de los teléfonos móviles de los hombres se habría hecho la llamada a la esposa de la víctima.
En este orden de ideas a los patrulleros les fueron imputados los delitos de secuestro agravado y concusión, sin embargo, no se allanaron a los cargos.
