Una de las propuestas que se dieron a conocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, correspondió a la de trasladar de cartera a la Policía Nacional, viendo su operatividad bajo el mando del Ministerio de Justicia, más allá de lo que tenía en el Ministerio de defensa.
Otra de las diversas reformas con las que llega la institucionalidad gubernamental durante este 2023, acobija al a los encargados de la seguridad ciudadana, ya que, de acuerdo a lo expresado con el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, se busca que los policías se conviertan en agentes de alianza ciudadana, y para esto, ya se viene evaluando la posibilidad de su ingreso a dicha cartera.
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Antecedentes
Hacía mediados del mes de abril se conocerá el destino de la entidad encargada de la Policía Nacional, ya que previamente se había discutido de que los encargados de la seguridad ciudadana también fueran a parar al Ministerio del Interior, a cargo del abogado Hernando Prada.
Osuna declaró en el programa ‘Colombia Hoy Radio’, de la presidencia:
“Parece ser que lo mejor sería trasladarla al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado, porque es el que articula las relaciones con el poder judicial”.
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El Proyecto
La intención de que la Policía Nacional salga de la cartera de Ministerio de Defensa se venía contemplando desde antes de la etapa pre electoral y ahora se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo, radicado recientemente y que hace parte de toda la serie de reformas que se buscan impulsar durante toda la etapa presidencial de la era Petro. Entre otros cambios, el Ministro de Justicia también mencionó que se propone crear un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”, desde donde las funciones sean similares a las que tiene la Comisión de la Verdad, creadas en el marco de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Por su parte, la Policía Nacional del Ministerio de Defensa también podría pasar ser a un organismo civil. Por ahora, se sabe que durante el primer semestre del 2023 se obtendrá respuesta del organismo de seguridad, cuyo principal reto también será el de volver a recuperar la confianza ciudadana.
Bajo los parámetros administrativos, el jefe de cartera tendrá que tomar en cuenta la articulación que se requiere operativamente para no afectar los derechos laborales y prestacionales de más de 150.000 personas que componen dicha fuerza y esto como incidirá en la mejoría de la seguridad ciudadana.
