Al parecer, se presentan malas relaciones entre la Gobernación de Casanare y las autoridades.
Comando de Policía de Casanare, pidió a la Fiscalía y Procuraduría investigar al Director de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Casanare. Aparentemente el funcionario lanzó comentarios injuriosos, en contra de la institución luego de un procedimiento al interior de un reconocido bar de Yopal en el que se le incautó un arma de fuego a uno de sus acompañantes.
El pasado 10 de julio, se registró una riña al interior de Plaza Juárez, un reconocido bar de Yopal. En el altercado habría participado un Coronel retirado, al que se le encontró un arma de fuego, luego de ser requisado por la Policía. Este exmilitar se encontraba en compañía de Ricardo Bernal, otro Coronel retirado, que ejerce como Director de Seguridad y Convivencia Departamental.
Luego de que algunos medios de comunicación le consultaran al funcionario, su versión frente a lo ocurrido, él indicó que se trató de un “Falso Positivo”, haciendo referencia al procedimiento que realizó la Policía. Afirmó que los uniformados actuaron de manera indebida, ya que, según él, ellos no tuvieron nada que ver con la riña, además, cuestionó que el establecimiento no tuviera unos protocolos de seguridad más estrictos.
Desde la institución, se elaboró un oficio remitido con nombre propio al Gobernador de Casanare. El texto inició calificando como subjetivas y desafortunadas a las afirmaciones de Ricardo Bernal ante la prensa local. Además, justifican la legalidad del procedimiento, afirmando que el propietario del establecimiento, fue quien advirtió la presencia de una persona armada y en estado de alicoramiento.
Así mismo, consideraron inadecuado el actuar del Director de Seguridad y Convivencia, quien debe propender por el respeto a la institucionalidad. Agregando que lamentan las afirmaciones injuriosas y calumniosas con las que acusó a los uniformados. Para terminar, en el documento le informan al Gobernador, que esa comunicación también iba a ser remitida a la Procuraduría, para que revisen si hay lugar a sanciones disciplinarias, así como a la Fiscalía, señalando la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, obstruir procedimientos policiales e injuria y calumnia.
