Piden investigar a Nelson Hurtado, director del Sisbén, por asistir a un evento proselitista.
La ciudad de Ibagué amanece sacudida por un nuevo y candente capítulo político. El director del Sisbén municipal, Nelson Hurtado, quedó en el ojo del huracán tras ser sorprendido participando de forma abierta en un evento proselitista en Melgar, lo que ha generado indignación y llamados urgentes a la alcaldesa Johana Aranda para que actúe de inmediato.
Las imágenes difundidas en redes sociales el pasado sábado 9 de agosto dejaron al descubierto la presencia de Hurtado en el cierre de campaña de Francisco Bermúdez, candidato del Partido de la U a la Alcaldía de Melgar. El acto fue promovido por el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, figura que mantiene una tensa relación con la actual mandataria local.
La polémica estalló porque Aranda había advertido, apenas días antes, que cualquier funcionario sorprendido en actividades políticas debía abandonar su cargo. Ahora, la lupa se posa sobre su administración para ver si cumplirá su palabra o si este será un caso que pondrá en entredicho su autoridad.
Reacciones
El concejal de Ibagué, Andrés Zambrano, fue uno de los primeros en pronunciarse. Aunque reconoció la labor de Hurtado en la ciudad, cuestionó duramente su presencia en un acto partidista fuera de la capital tolimense. “No debe ser un funcionario público, contratado para servir en Ibagué, quien esté participando en campañas políticas en otros municipios”, declaró con firmeza.
Zambrano también puso en duda el supuesto distanciamiento entre la alcaldesa Aranda y el exmandatario Andrés Hurtado. “Si la alcaldesa no rechaza públicamente lo ocurrido o llama la atención al funcionario, es porque contaba con su aprobación. Eso demostraría que la supuesta división no existe”, añadió.
Juristas consultados recordaron que la Ley 734 de 2002 y la Ley 1475 de 2011 prohíben de forma expresa la participación activa de servidores públicos en campañas políticas, previendo sanciones que pueden llegar a la destitución del cargo. Además, subrayaron que el uso de la posición para favorecer candidaturas atenta contra la imparcialidad del servicio público.
