El occidente de Boyacá volvió a ser centro de controversia tras la publicación de un artículo de la revista Semana, que citando supuestas fuentes de inteligencia militar, aseguró que comunidades esmeralderas estarían bajo coacción del ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según el informe, estas organizaciones no solo exigirían millonarias extorsiones a empresas, sino que también buscan ampliar su poder mediante narcotráfico y minería ilegal.
Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes sociales y representantes del sector rechazaron las acusaciones, calificándolas de imprecisas y estigmatizantes. Señalaron que en la región no hay presencia de guerrilla ni de bandas criminales, y que lo que existe es una movilización pacífica de pequeños mineros que buscan dialogar con las grandes compañías para trabajar de manera conjunta.
La Confederación Nacional de Esmeralderos también se pronunció, advirtiendo que este tipo de publicaciones afectan la reputación de un gremio que ha intentado dejar atrás la violencia asociada a su historia. “Nuestra esmeralda es símbolo de paz y desarrollo, no de sangre”, reiteraron.
El debate trascendió al escenario nacional, luego de que el presidente Gustavo Petro relacionara recientes homicidios de esmeralderos con redes internacionales de narcotráfico y lavado de activos. El mandatario incluso mencionó a figuras del crimen organizado y denunció un entramado que, según dijo, trasciende fronteras y vincula a diferentes sectores económicos y religiosos.
En medio de las acusaciones cruzadas, el gremio pide respeto y garantías para ejercer su actividad, mientras el Gobierno insiste en que la industria de la esmeralda no puede desligarse de la disputa criminal global. La tensión persiste, y la piedra preciosa más famosa de Colombia sigue atrapada entre orgullo, sospechas y viejos fantasmas.
